El decomiso de un millón de dólares el pasado 25 de enero en Ocotal, Nueva Segovia, fue solo el primero de una serie de incautaciones que posteriormente reportaría la Policía Orteguista y que al mes de junio, suma 10.3 millones de dólares, aunque extrañamente logró tan solo unos pocos detenidos.

Estos resultados, que han sido ampliamente difundidos en los medios propagandísticos del régimen orteguista, catalogándolos como “un golpe duro al narcotráfico”, es visto como sospechoso por el experto en temas de Seguridad, Roberto Cajina porque usualmente es dinero sin droga.

“El régimen necesita esa plata y la sospecha que tengo es una plata que se filtra al régimen de manera ilegal. Teóricamente la Ley 735 establece varias instituciones, hay una ruta establecida de cómo se administran esos bienes. La pregunta es ¿Quién los administra? Por que no existe la Unidad Administradora de bienes incautados,  nunca fue creada», comenta Cajina.

Según publicaciones de los medios de la familia Ortega-Murillo, la primera incautación ocurrió el 25 de enero y la cifras ascendió a un millón de dólares, siguió el 5 de febrero con 484 mil 671 dólares, el 24 del mismo mes 127 mil 819 dólares, el 17 de marzo 883 mil 860 dólares, el 30 de marzo 299 mil 700 dólares, el 6 de mayo 221 mil 086 dólares, el 19 del mismo mes 500 mil dólares, el 1 de junio 1 millón 772 mil dólares, dos días después 392 mil 900 dólares y el 26 de junio 4 millones 658 mil dólares.

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¿A dónde va el dinero?

Cajina destaca que las autoridades no han revelado qué ha pasado con ese dinero y el uso del mismo, esto pese a que la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735) establece su distribución en ocho instituciones.

De acuerdo al artículo 58 de la Ley 735, el dinero incautado debe “ser usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias, igual que para los gastos administrativos de la Unidad, distribuyéndolos anualmente conforme las necesidades operativas”.

La repartición, de acuerdo a la misma Ley, es entre la Policía, Ministerio Público, Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Salud (Minsa), Corte Suprema de Justicia, Sistema Penitenciario Nacional, Consejo Nacional contra el crimen organizado y la Unidad administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados.

Cajina sospecha que ese dinero esté en manos del régimen porque atraviesa tiempos en que tiene cerradas la cooperación internacional de instituciones financieras como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por ser señalado de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica. Incluso en el contexto de la pandemia por el Covid-19, no ha logrado desembolsos.

“De cualquier manera, están buscando como conseguir plata para poder mantener funcionando el aparato burocrático”, finalizó Cajina.

 



Cortesia de La Prensa

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