ONG y empleos a familiares. Así se beneficia la Asamblea Nacional a los miembros de la Comisión Porras

Los miembros de la Comisión de la Verdad, conocida como Comisión Porras, son favorecidos en la Asamblea Nacional, donde se les han aprobado de forma exprés las personerías jurídicas a organizaciones dirigidas por familiares de los integrantes de dicha comisión.

Ese es el caso de la Asociación Indígena Centro para la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), cuya directiva es integrada por hijas, sobrinos y la hermana de Mirna Cunningham, de la Comisión Porras.

El trato preferencial también ha sido con Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras, ya que su esposa Azucena Núñez Blandón en menos de un año fue contratada en el área de Protocolo y ascendió a directora de Servicios Generales del Poder Legislativo.

Ambos casos fueron criticados por el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, por considerarlos “parte de la práctica del nepotismo que existe en este gobierno” con aquellos funcionarios que responden a sus intereses.

La Comisión Porras fue creada por los diputados orteguistas el año pasado para supuestamente investigar los crímenes cometidos durante las protestas ciudadanas, a partir de abril del 2018. Sin embargo, esa entidad es criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición debido a que en sus informes repite la versión del régimen de Daniel Ortega de que las protestas fueron actos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”.

La ONG familiar  de los Cunningham

La personería jurídica de Cadpi fue aprobada el 31 de octubre pasado en la Asamblea por 74 diputados orteguistas y varios aliados del PLI y ALN.

El trámite entre la solicitud y la aprobación duró entre julio y octubre del 2019, siendo un proceso expedito, teniendo en cuenta que la Comisión de Gobernación suele tardar más de seis meses en dar el visto bueno para que a una organización sin fines de lucro se le apruebe la personería en la Asamblea.

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La presidenta de junta directiva de la Cadpi es Ana Lucía Alemán Cunningham, el vicepresidente es Otis Plazaola Cunningham, la secretaria es Eileen Delia Mairena Cunningham y la tesorera es Nadezhda Esperanza Fenly Mejía. El fiscal es Óscar Horacio Aguilar Colindres, la primera vocal es Adilia Auxiliadora Alemán Cunningham y la segunda vocal es Delia Rose Cunningham Kain.

¿Cuál es la relación con Mirna Cunningham? Ana Lucía y Adilia Auxiliadora son sus hijas; Otis, Eileen y Nadezhda son sus sobrinos y Delia es hermana de la integrante de la Comisión Porras.

El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, señaló a Mirna Cunningham “de usurpar la representación de los pueblos indígenas” para sacar provecho con su “asociación familiar”.

La comisión creada por el régimen orteguista para “investigar” los sucesos de abril de 2018 no ha disimulado su abierta posición oficialista. LA PRENSA/ARCHIVO

“Esta asociación no califica como de carácter indígena, más bien es un organismo con el agravante de que esto es un negocio de una familia. ¿Dónde está el asunto ético y moral que debe garantizarse en esta Asamblea? “, reclamó Rivera en el plenario el jueves pasado.

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El dirigente de Yatama acusó a los Cunningham de violar “el principio de consulta y consentimiento”, que las normas de los pueblos indígenas exigen obtener a las organizaciones que se conformen con el supuesto interés de trabajar en la zona de la Costa Caribe.

“No hay ese consentimiento con esta asociación, por lo que están haciéndolo a espaldas de los pueblos indígenas. Se trata de una familia que no tienen vínculos con las comunidades, ni siquiera ellos son indígenas, pero todo esto (la asociación) es para beneficio familiar. Por lo que es una aberración ética que se apruebe la personería jurídica a esta asociación familiar”, reclamó el diputado Rivera.

Las asociaciones sin fines de lucro obtienen exoneraciones de impuestos en la importación de bienes, pero también las vinculadas al régimen orteguista obtienen recursos del Presupuesto General de la República para financiamiento de sus programas.

¿En qué áreas trabaja la asociación familiar de los Cunningham? De acuerdo al documento de solicitud de la personería jurídica la asociación se dedica a «contribuir a la gestión de conocimientos y al buen vivir de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el marco de los derechos establecidos en la autonomía regional multiétnica de la Costa Caribe Nicaragüense».

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La orteguista Florence Levy, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes en el Legislativo, fue quien presentó la solicitud para que se le aprobara la personería jurídica a la asociación Cadpi. Levy calló sobre los señalamientos de que se viola la ética al favorecer a una organización dirigida por una familia solo por estar relacionada con un funcionario que responde a los intereses del régimen orteguista.

La diputada Levy únicamente dijo que el trabajo de Cadpi «esta asociación ha trabajado para promover el arte de los pueblos originarios». «Ha propiciado la participación de jóvenes sobre cambio climáticos y de intercambios culturales con asociaciones de América Latina, África y Asia».

Una Comisión desacreditada

La Comisión Porras la integran Cairo Amador, Mirna Cunningham, Francisco Uriel Molina, Jaime Francisco López Lowery. También era parte Adolfo Jarquín Ortel, quien falleció el pasado agosto. El trabajo de ellos ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición debido a que la Comisión Porras ha repetido en sus informes sobre la crisis sociopolítica, iniciada en abril del 2018, el discurso del régimen de Daniel Ortega de que las protestas ciudadanas fueron hechos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”. Han defendido el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO) contra las manifestaciones.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta  328 personas asesinadas en la jornada de represión a las protestas desde abril del 2018. Sin embargo, la Comisión Porras ha ido reduciendo el número de víctimas, primero cifró en 269 los fallecidos, pero en el tercer informe correspondiente a febrero del 2019 registró 253 los muertos.

Rápida promoción de la esposa de Cairo Amador

Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras también es favorecido por los diputados orteguistas ya que su esposa Azucena de los Ángeles Núñez Blandón, en el último año empezó a trabajar en la Asamblea donde ha tenido una rápida promoción ya que pasó de ser del equipo del área de Protocolo a ser responsable de Servicios Generales.

Azucena Núñez Blandón fue contratada en la Asamblea a los pocos meses de conformada la Comisión Porras y en plena represión a las protestas ciudadanas. A Núñez Blandón se le asignó un puesto en el área de Protocolo sin que para entonces hubiese disponible un cargo, según fuentes legislativas por lo que su ingreso fue visto como un «favor» hacia Amador de parte del orteguista, Gustavo Porras, presidente del Legislativo y sancionado por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses por Estados Unidos y Canadá.

Desde hace mes Azucena Núñez es responsable de Servicios Generales de la Asamblea, siendo un rápido ascenso, contrario a trabajadores que llevan años en esa institución sin ser promovidos.

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LA PRENSA se comunicó con Cairo Amador quien dijo que a su esposa, Azucena Núñez, “la amparan tres títulos universitarios, uno de maestría en Administración y ocho años de experiencia en el sector privado, por lo que está calificada” para el cargo que se le asignó en la Asamblea.

Sobre el hecho que su esposa fuese promovida en poco tiempo de laboral en la Asamblea, Amador dijo que respondía a que ella «estaba sobrecalificada en protocolo», por lo que su «cumple con la carga académica y la experiencia que se exige para el cargo» de responsable de Servicios Generales.

¿Usted gestionó con Gustavo Porras para conseguir el trabajo a su esposa?, le cuestionó LA PRENSA. Amador lo negó diciendo que «ella está calificada para hacer sus propias gestiones laborales».

Para el presidente de la Comisión Porras que se les señale a sus integrantes de ser tratados con favoritismo por los diputados de la dictadura orteguistas responde al «afán de echarle tierra» a esa entidad.

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Amador Arrieta, es hermano del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca y analista político afín al régimen de  Ortega. Fue superintendente de pensiones y también presidente del Fondo Nicaragüense de Cultura.

Mirna Cunningham es exdiputada sandinista, de profesión médica cirujana y aunque en el pasado fue considerada activista indígena su defensa del régimen de Ortega le ha valido campañas de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, quienes ha emitido comunicados y realizado gestiones con organizaciones internacionales para desautorizar a Cunningham para representarles en eventos en el exterior.

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