Ciudad de México /

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM – Fideo), solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para preservar la seguridad de 10 mil 113 víctimas de desplazamiento forzado.

En una carta enviada a López Obrador le informaron que ellos son atacados por “grupos paramilitares” que asolan varias comunidades de Chiapas “protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal”.

Las víctimas de desplazamiento forzado pertenecen a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El Frayba y el Fideicomiso se sumaron a la exigencia de justicia y alto a la violencia que han denunciado Las Abejas de Acteal, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite.

“En los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario. Anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos”.

En la carta, también dirigida a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, hicieron un recuento de las agresiones sucedidas en las comunidades.

“Es del extenso conocimiento de los funcionarios municipales y estatales, su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente puesto que la situación se agrava cada día”. Señalaron que los desplazados -familias enteras- viven momentos de emergencia alimentaria y de salud por el covid-19.

jlmr



Cortesia Milenio

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