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Piden a CNDH confrontar acuerdo de megaobras por violar garantías – Noticias Mexico

Un grupo de 32 organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión para que activen los mecanismos legales procedentes contra el acuerdo que clasifica los proyectos prioritarios del gobierno federal como tema de seguridad nacional, pues consideraron que viola los derechos humanos y es neoliberal.

“Este acuerdo se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México desde décadas atrás, como la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables, lo que se agrava aún más con este nuevo acto administrativo del Ejecutivo”, argumentaron las agrupaciones.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Artículo 19, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Equis Justicia para las Mujeres, Fundar Centro de Análisis e Investigación, GESOC, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras, consideraron que el acuerdo limita controles y mecanismos de prevención de la corrupción, lo que “implica un manejo discrecional que impacta frontalmente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.

En un comunicado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, argumentaron que “es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”.

Manifestaron que el acuerdo resulta “problemático y de grave preocupación, ya queda espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”.

El acuerdo, publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación, instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias, sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos.

Al respecto, las organizaciones aseguraron que el acuerdo fija un mal precedente porque abre la posibilidad de que reserve información relacionada con estos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras, para valorar si dicha clasificación procedería.

“El acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, argumentaron.

Además, el documento contraviene de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido.

Se pierde equilibrio civil-militar, advierten

En un comunicado difundido por separado, la organización Causa en Común acusó que con el acuerdo del 22 de noviembre se sigue abusando de las capacidades y la lealtad de las Fuerzas Armadas y “se continúa atentando contra el equilibrio civil-militar y contra derechos fundamentales, y se insiste en debilitar a nuestra democracia a fin de perpetuar de manera ilegítima un proyecto político”.

La agrupación criticó el exhorto que hizo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para “sumarse” al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pues con ello se viola el carácter neutral que debe tener el Ejército, seguido del acuerdo presidencial para calificar los proyectos prioritarios como de seguridad nacional.

Ante ello, Causa en Común pidió a las Fuerzas Armadas, así como a los partidos políticos, legisladores, ministros de la Suprema Corte y sociedad civil a unirse para defender la Constitución y las libertades.

​LP



Milenio

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