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La injusticia de la prisión preventiva – Noticias Mexico

En México, cuatro de cada 10 personas están en prisión sin haber sido sentenciadas. Individuos privados de su libertad a pesar de no haber sido aún enjuiciados.

Hay estados donde el porcentaje es mayor, en Tlaxcala 71 por ciento de las personas en reclusión han perdido la libertad por obra de la prisión preventiva, en Oaxaca el porcentaje es de 60, lo mismo que en Chiapas.

En total hay 95 mil 424 inocentes que pueblan las cárceles por el abuso de una medida cautelar que es injusta. Dentro de ese mar de gente son mayoría las personas indígenas, también las adultas mayores y aquellas que tienen alguna discapacidad.

Como suele decir Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, la prisión preventiva es un recurso frecuente para encarcelar inocentes, sobre todo a quienes no cuentan con recursos para financiar una defensa efectiva.

Este tema ocupó centralmente el diálogo que Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo el pasado 11 de mayo, cuando visitó la prisión de Santa Martha Acatitla para reunirse con un nutrido grupo de mujeres.

Ahí dijo sin ambigüedad: “Tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos y que las personas tengan que estar 10, 15 años presas, sin haber sido sentenciadas”.

Este argumento es coincidente con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho al Estado mexicano a propósito del mismo tema.

De acuerdo con este organismo internacional “la aplicación de la prisión preventiva obligatoria, en razón del tipo del delito, constituye, no solo una violación al derecho a la libertad personal … sino que convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada, además de que constituye una interferencia… en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial”.

No se trata de oponerse, por principio, a esta medida cautelar; el rechazo proviene del uso indiscriminado e irreflexivo que se hace de ella. Según la doctrina, la prisión preventiva se justificaría solamente en dos circunstancias: cuando las acciones de la persona imputada podrían poner en peligro la vida de terceros (víctimas o testigos) y cuando ésta pudiese fugarse y con ello entorpecer el proceso seguido en su contra.

En cualquier otra circunstancia los juzgados tendrían que preferir medidas cautelares distintas a la privación cautelar de la libertad como por ejemplo la prisión domiciliaria, el uso de brazalete, la firma semanal y así un listado que incluye catorce distintas soluciones.

Es claro que el Poder Judicial, en cualquiera de sus ámbitos, ha sucumbido a la demagogia punitiva que prefiere mil inocentes en la cárcel con tal de que no se escape un verdadero criminal.

Esa misma demagogia es la que en 2019 llevó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a presentar una iniciativa para incrementar el catálogo de delitos que ameritan —en automático— prisión preventiva. Esta reforma a las normas legalizó una violación constitucional y sin embargo fue aprobada por todos los partidos del Congreso mexicano.

Entre varios delitos contenidos en ese nuevo catálogo estarían el robo de combustible (huachicoleo), el abuso de autoridad, los delitos contra la salud, la fabricación de comprobantes fiscales, la defraudación fiscal o el robo al transporte de carga. Ese listado contiene en su panza más de veinte tipos considerados como graves y por tanto justificatorios del automatismo irreflexivo que lleva a encerrar personas antes de que hayan sido valoradas las pruebas en su contra.

La reforma referida implicó una violación a las facultades del Poder Judicial, porque como argumenta la CIDH, en vez de permitirle a cada juez ponderar los casos por sus propios méritos, el Legislativo determinó ciegamente el castigo más severo del derecho penal —la privación de la libertad— para toda persona que haya sido denunciada por incurrir presuntamente en alguno de esos delitos.

De acuerdo con Arturo Zaldivar, entre 60 y 70 por ciento de las mujeres recluidas en Santa Marta Acatitla no cuenta aún con sentencia. Problematiza aún peor la injusticia el hecho de que en México los juicios puedan llegar a tardar uno, dos, tres y hasta cuatro lustros en resolverse. No son pocos los casos de personas que han permanecido un tercio y hasta la mitad de su vida sin merecer una sentencia firme.

Nuevamente, son las personas que cuentan con menos recursos económicos quienes padecen esta situación: mujeres pobres, personas indígenas, jóvenes con pocos años de educación o adultos mayores descartados por la sociedad.

Lo anterior puede implicar que un individuo extravíe mucha vida tras las rejas y que al final del proceso un juez sentencie su inocencia. En estos casos no existe ningún mecanismo para reparar el daño, ni si quiera, pues, un “usted disculpe” por la equivocación.

En una sociedad que respeta los derechos, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La aberración de la prisión preventiva automática ha hecho que en México una persona sea encerrada durante una larga temporada, en lo que las autoridades pueden probar su culpabilidad.

La fórmula de la injusticia aquí descrita reúne diabólicamente tres elementos: prisión preventiva automática, desigualdad económica y procesos extremadamente largos.

El año pasado la SCJN resolvió favorablemente un amparo que obliga a los juzgados a cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar si transcurren dos años del proceso sin que se emita una sentencia.

Es un paso en la dirección correcta, pero aun así esta injusticia sigue ganando diariamente la batalla. 

Expulsar la prisión preventiva oficiosa requeriría sacar de las creencias populares la idea de que, para pacificar al país, es mejor tener a miles de individuos en las cárceles, aunque una mayoría, entre ellos, pueda ser inocente. 

Ricardo Raphael

@ricardomraphael



Cortesía Milenio

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