Los gobernadores de entidades como Michoacán, Morelos, Zacatecas y Nuevo León tienen profundas diferencias y constantes confrontaciones con los fiscales de sus estados, lo cual repercute en la seguridad de los ciudadanos, fractura las estrategias contra la violencia y afecta la procuración de justicia, de acuerdo con especialistas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que Michoacán y Morelos registraron un aumento de 21 por ciento y 10 por ciento, respectivamente, en la comisión de homicidios dolosos en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo lapso de 2021.
En tanto, Nuevo León tuvo un incremento de 110 por ciento en feminicidios si se toma en cuenta el mismo comparativo, mientras que en Zacatecas se quintuplicó este delito.
Consultada por MILENIO, Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, alertó que el gran perdedor del rompimiento entre gobernadores y fiscales es la sociedad.
“Lo que podríamos esperar con este tipo de rompimientos es que la sociedad pierda, porque no vamos a lograr esas políticas enfocadas en objetivos comunes.
“El rompimiento entre dos poderes del Estado, como pueden ser los gobernadores y las fiscalías estatales, pues de entrada va a provocar que no se trabaje hacia objetivos comunes y que no haya mecanismos de colaboración”, señaló.
Entre los desencuentros está el de Michoacán. El fiscal Adrián López Solís fue electo por el Congreso local en febrero de 2019, cuando el gobernador era Silvano Aureoles. Fue cuestionado por los partidos opositores, al calificarlo de “fiscal carnal”.
Entre López Solís y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hay diferencias frecuentes. El mandatario incluso le ha exigido que no intervenga en las investigaciones que señalan a Aureoles de desviar recursos públicos para no caer en conflicto de interés.
En Morelos, la situación es un poco más compleja. Uno de los principales conflictos que impactan cotidianamente la dinámica y la imagen del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es la confrontación permanente contra los fiscales de Justicia y Anticorrupción, que heredó de su antecesor Graco Ramírez.
Durante poco más de tres años de su administración, el ex futbolista ha mantenido un choque permanente contra los fiscales, que se ha traducido en vacíos institucionales, ausencia de cooperación, falta de resultados, acciones por consigna, filtración de información y estancamiento de investigaciones.
Según Blanco, la falta de resultados y cooperación se debe a que los fiscales de Justicia, Uriel Carmona, y Anticorrupción, Juan Salazar, obedecen a consignas del grupo de Graco Ramírez.
En Nuevo León, los últimos feminicidios han ocasionado choques entre el gobernador Samuel García y el fiscal Gustavo Guerrero. Los enfrentamientos han escalado a la escena de las redes sociales, donde han intercambiado acusaciones, principalmente en los casos de las muertes de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Fernanda Contreras.
En Zacatecas, los roces entre el gobernador David Monreal y el fiscal Francisco José Murillo —quien fue elegido en el cargo en febrero de 2018 durante el gobierno de Alejandro Tello— son principalmente por temas presupuestales.
El fiscal ha declarado en diversas ocasiones que la falta de recursos pone en riesgo constante al personal operativo que diariamente sale a la calle.
Las consecuencias
Para Chrístel Rosales esos desencuentros complican la puesta en marcha de políticas criminales efectivas.
“En la medida en que haya tensión y falta de diálogo entre estos dos poderes, pues en realidad va a ser muy difícil materializar en la práctica este tipo de políticas criminales, donde caminen de la mano, donde se definan esos objetivos comunes, donde todos apuesten sus esfuerzos para lograr esos objetivos comunes”, resaltó.
Rosales alertó que todos pierden con estas diferencias, porque ambos poderes se necesitan para tener un trabajo efectivo de prevención del delito, tarea del gobierno estatal, y de procuración de justicia, labor de las fiscalías.
La especialista consideró que gran parte del problema radica en la vieja costumbre que tenían los gobernadores de utilizar de forma facciosa a las procuradurías.
“Tradicionalmente… los Ejecutivos de los estados estaban acostumbrados a que podrían dar línea, y a que podían hacer uso de las procuradurías para sus propios intereses”, apuntó.
