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El monstruo de la violencia sexual infantil se incrementa en México – Noticias Mexico

«Por favor papá Dios que esto sea un sueño. Que esto no esté sucediendo». Claudia se dio cuenta de que algo terrible ocurría cuando vio los mensajes de WhatsApp sobre un posible caso de abuso sexual en la escuela de su hijo.

Habló con una amiga psicóloga y lo que le dijo la intranquilizó aún más. Su bebé mostraba todos los focos rojos para ser una víctimaCuando el hijo de Claudia tenía 3 años fue agredido sexualmente en un kínder de la Ciudad de México por el maestro de educación física. «Eran los primeros meses en la escuela. Fui a levantar la denuncia inmediatamente».

El niño dejó de controlar los esfínteres y ya no quería ir al kínder. Un menor que desde los 40 días estuvo en guardería. Esas fueron las primeras señales.

En la narración de los hechos frente a la autoridad, Claudia escuchó por primera vez de su propio hijo lo que le sucedió. Su mundo se derrumbó sólo para enfrentarse a otro problema que hasta la fecha sigue, el acceso a la justicia.

El incremento de casi 600 por ciento de las agresiones sexuales en contra de menores en la década del 2010 al 2020 son cifras demoledoras de la Secretaría de Salud.

Existen otros datos relevantes. Por ejemplo, que a las mujeres las agreden más. Por cada infante varón molestado, hay 10 niñas o adolescentes mujeres violentadas sexualmenteSe estima que la cifra negra puede alcanzar más del 90 por ciento de los casos que nunca se denuncian.

Actualmente, organizaciones sociales como Aldeas Infantiles, Equifonía o la Defensoría por los Derechos de la Infancia señalan que la falta de coordinación interinstitucional, el limitado presupuesto para las Procuradurías de Protección y la falta de especialización de los ministerios públicos para atender con perspectiva de niñez, forman el primer cúmulo de acciones que detonan la violencia sexual infantil.

También, dicen las voces expertas, no reconocer a las y los niños como sujetos de derecho, la negativa de las fiscalías para solicitar la prueba anticipada, la corrupción en los juzgados, y la falta de educación integral en sexualidad en las escuelas alimentan al monstruo de la violencia sexual infantil en México.

El caldo de cultivo

Las agresiones sexuales infantiles no tienen la misma definición en todo el país. Hay al menos 16 tipos en los códigos penales. Algunos términos se refieren a lo mismo, como pederastia y violación, otros son tan ambiguos como el abuso sexual, que no es lo mismo que violación, de acuerdo a las definiciones legales.

«No hay una homologación a nivel nacional sobre la tipificación de las distintas formas de violencia sexual infantil», señala Efraín Guzmán, de Aldeas Infantiles SOS; y eso provoca que las víctimas no accedan de la misma manera a la justicia.

En realidad no hay agresión sexual menor, y todas tendrían que perseguirse tomando en cuenta el interés superior del infante. La mayoría de las ofensas sexuales contra menores no son violentas. Involucran el juego y el convencimiento, aprovechándose de la edad de la víctima. Y este es uno de los mayores problemas que enfrentan las y los niños para acceder a la justicia.

De acuerdo a los testimonios recabados para esta investigación, cuando las autoridades determinaron que la agresión no era suficientemente grave, entonces mostraron negligencia y desinterés.

Viridiana, de Jalisco, peleó por tres años para llevar frente a un juez al agresor de su hijo. El ministerio público consideró que la agresión no era suficientemente grave porque no hubo penetración. El delito se clasificó como abuso sexual.

«Era un compañero de mi trabajo. Comenzó a ser muy su amigo. Estaba casado».

De acuerdo a las carpetas de investigación abiertas o averiguaciones previas iniciadas por delitos sexuales en contra de menores en el 2018, el abuso sexual infantil fue el delito más denunciado en todo el país, con 7 mil 330 casos.

Marcela Martínez Roaro, educadora en educación sexual integral recuerda un caso de abuso. Un abuelo “jugaba”, o más bien agredía con tocamientos a su nieta. Cuando la niña lo contó a su madre, le dijo que el abuelo había jugado así con todas, desde las hijas hasta las nietas, y que no había problema.

Al interior de las familias y en la comunidad persisten ideas que restan importancia a la problemática, advierte Araceli González de Equifonía, organización que acompaña a víctimas de violencia sexual infantil en Veracruz.

«Esto tiene un sustrato cultural, porque somos una sociedad machista. Sobre esta base van a traducirse los marcos normativos, la institucionalidad y la normalización». Señala Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

Los datos hablan por sí mismos. Entre 2010 y 2020, la Secretaría de Salud registró 31 mil 703 lesiones por violencia sexual en contra de personas de 0 a 17 años de edad, según una respuesta por Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En promedio, cada año se registraron 3 mil 170 casos médicos. Esto equivale a 9 agresiones sexuales diarias en contra de infantes y adolescentes en México. Pero al revisar con mayor detenimiento se observa que, del 2010 al 2020, hubo un incremento de 594 por ciento en los registros.

Mientras que en el 2010 la Secretaría de Salud atendió 792 casos; en 2020 fueron 5 mil 497 menores y adolescentes lesionados por violencia sexual. En cuanto al sexo de la víctima, en ese mismo periodo de 10 años se agredieron a 2 mil 855 niños y adolescentes hombres; y a 28 mil 848 niñas y adolescentes mujeres.

Esto quiere decir que por cada niño atendido médicamente por una agresión sexual hubo 10 niñas agredidas.

«El empoderamiento es ser dueñas de nosotras mismas desde la más tierna edad. Las mujeres son objetos de placer de los agresores; y esto, es un desempoderamiento total«, reflexiona Marcela Martínez Roaro, expresidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A. C.

Los datos indican que se agredieron más a las adolescentes, con 23 mil 353 casos; en comparación con 5 mil 495 niñas atendidas de 0 a 10 años, entre el 2010 y el 2020. La media de edad, en el caso de las adolescentes, fue a los 16 años, con 4 mil 756 casos médicos por lesiones sexuales.

Con respecto a las niñas, a los 10 años fueron mayormente violentadas sexualmente, con 691 registros. Por su parte, los niños acumularon mil 790 casos médicos, en comparación con mil 65 entre los adolescentes varones.

En ese periodo del 2010 al 2020, la media de edad entre los hombres fue a los 6 años, con 268 casos médicos por lesiones sexuales. De acuerdo a esa información, cinco estados concentraron poco más de la mitad de las lesiones por violencia sexual en contra de infantes: Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato.

Las otras 27 entidades representaron menos del 50 por ciento de los casos durante esos 10 años. En este año, la Secretaría de Salud registra 4 mil 554 lesiones por violencia sexual hasta agosto del 2021, en contra de 315 varones; y 4 mil 239 niñas y adolescentes.

Por primera vez se tiene registro de una persona intersexual de 12 años agredida en Michoacán. La media de edad en lo que va del 2021, en el caso de los hombres es a los 7 y en las mujeres, a los 15 años. Con respecto a las infantes, la media de edad con más agresiones se mantuvo a los 10 años de edad, como en el decenio pasado.

En lo que va del año, los estados que concentran más de la mitad de las agresiones sexuales atendidas por la Secretaría de Salud en contra de infantes y adolescentes son, Estado de México con 906, Chihuahua con 567, Veracruz con 320, Coahuila con 269 y Jalisco, también con 269.

Hombres, los mayores agresores

La mayoría de los atacantes sexuales de niñas, niños y adolescentes son hombres. Un ejemplo es la Ciudad de México. Entre enero de 2020 y julio de 2021 se acusó a 3 mil 109 personas por delitos sexuales en contra de menores de 12 años. De ellos, 2 mil 990 fueron hombres.

De esos casi 3 mil casos que corresponden a presuntos agresores sexuales de infantes en la Ciudad de México, 2 mil 944 consumaron el delito.

Es decir, durante un periodo de 18 meses en la capital del país, 96.1 por ciento de los presuntos agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes fueron hombres que consumaron su agresión, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia local.

Es común que sean personas cercanas como padre, tíos, hermanos, primos, abuelos, pareja sentimental o amigos de la familia; maestros, empleadores o ministros de culto.

«Hay familias que se van en contra de la mamá. Han tenido que irse de su comunidad por haber denunciado», señala Araceli González de Equifonía.

«Romper la relación con el proveedor, implica además romper con la familia que lo va a proteger e inclusive con su comunidad», comenta Juan Martín Pérez, excoordinador de REDIM.

«Mi hija estuvo con el mismo profesor en quinto y sexto grado, pero me di cuenta hasta sexto. Ella se empezó a vestir en capas. Con mucha ropa ocultando su cuerpo«, cuenta Andrea, mamá de víctima de abuso sexual infantil en Querétaro.

Andrea no sólo enfrentó a las autoridades, tanto de Educación como de Justicia, para ir tras el agresor. También fue objeto de maltratos por parte de la comunidad y de su pareja.

«Prostitutas, que nuestras hijas eran putas. Que fue su culpa, que ellas lo provocaron», comenta Andrea. Incluso recibió amenazas de muerte. «Mi marido me golpeaba terriblemente. Cállate, no digas. ¿Por qué sigues diciendo? ¿Por qué sigues acusando? Casi me mata a golpes».

Juan Martín Pérez explica que ese tipo de actitudes son comunes, porque la propia lógica machista provoca minimizar las agresiones. Ponen en duda lo que sucedió o en el mejor de los casos, deciden convencerse que no fue para tanto.

«Cuando los hombres escuchan sobre el acoso y la violencia sexual dicen ‘no todos agredimos, no todos somos violentos’. No, claro que no, pero está completamente comprobado que cualquiera se puede convertir en un agresor, porque tenemos muchas facilidades para hacerlo», comenta Francisco Contreras, maestro en Salud Pública, que trabaja con hombres que ejercen violencia en Veracruz.

Otro ejemplo. En Jalisco, entre 2017 y agosto del 2021, de 664 sentencias definitivas sobre delitos sexuales en contra de menores de edad, 537 de los sentenciados fueron hombres, es decir 80.8%. Esa cifra podría ser mayor porque en 97 sentencias no se tiene registro del sexo de la persona inculpada.

Del universo de hombres agresores sexuales de niñas y niños en Jalisco durante ese periodo, 458 obtuvieron una sentencia condenatoria.

«Hablar sobre el sistema patriarcal parece que se hace a la ligera, pero es algo tan profundo y tan hondo que todavía no logramos extirparlo«, advierte Marcela Martínez Roaro.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gazman puntualiza que la violencia sexual infantil nos demuestra cómo la cultura machista y el sistema patriarcal le dice a los hombres y jóvenes que tienen derecho sobre el cuerpo de las mujeres, niñas y niños.

Sin embargo, para Araceli González de Equifonía, organización civil que promovió las dos alertas de género en Veracruz, abordar un problema tan complejo como la violencia sexual infantil con un concepto tan amplio como el “patriarcado”, resulta reduccionista, pero sin titubear señala que, «a fin de cuentas hay una elección de esos hombres. Es importante estudiar qué es lo que está motivando a esos agresores, a esos depredadores».

La deficiente impartición de justicia

Estefanía es otra mamá de víctima de violencia sexual infantil. Vive en el Estado de México pero la agresión a su hija ocurrió en un preescolar de la Ciudad de México.

«Desde primero de kínder mi hija empezó a perder sus gorritos y la ropa que llevaba a la escuela. Tenía infecciones en la piel. En segundo año todo salió a la luz. Éramos al menos 20 papás pidiendo explicaciones. En la escuela ya estaba un abogado de la SEP. Nos dijo que las sospechas las manejarían solamente ellos. Me pareció extraño porque no puedes ser juez y parte«, narra Estefanía. «Tengo que escucharlo. Me senté con ella y le dije que ya lo sabía, que podía confiar en mí. En ese momento abrió sus ojos muy grandes, muy grandes y me dijo: ‘¿ya los sabes todo mamá?'».

Estefanía corroboró, más allá de cualquier sospecha que su hija había sido agredida sexualmente. Junto con su esposo fueron a denunciar a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales de la Ciudad de México en la Colonia Vallejo.

Estuvieron seis horas esperando con su hija, pero sin suerte porque no hubo un abogado de oficio disponible. Cuando por fin lo lograron, fue su esposo quien declaró de madrugada. El agente del Ministerio Público no asentó en el acta todo lo que narró; «que no era importante, que no era relevante, que para qué», tampoco le quisieron entregar una copia de su declaración.

«Tenemos un 97% de impunidad de todas las carpetas de investigación que se inician, sin contar el subregistro de la cifra negra», señala Juan Martín Pérez.

Uno de los mayores problemas que enfrentan las víctimas es la desaparición parcial o total de sus expedientes. Andrea comenta que, de 15 carpetas que se abrieron por un caso múltiple de abuso y violación en la escuela primaria a la que asistía su hija, la Fiscalía General del Estado de Querétaro perdió 14.

Por intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro lograron encontrar una, después de tres meses de haber denunciado. La carpeta que correspondía a la agresión en contra de su hija fue de las perdidizas. «La abogada de oficio que nos asignaron era muy prepotente. Casi no se acercó a nosotras», recuerda. Hacer perdidizo el expediente implica que la averiguación se detenga.

Sólo la tenacidad de las personas afectadas ha permitido que los casos continúen, con todo lo que eso implica. Revictimización, volver a declarar, el gasto económico, emocional y la espera de años buscando justicia.

«Fue horrible escuchar las entrevistas a mi hijo y que él volvía a repetir, repetir y repetir lo que había pasado. Fue revictimización. Yo no había escuchado esa palabra en mi vida hasta que me enteré por la Defensoría (ODI)», comenta Claudia de la Ciudad de México con desánimo en su voz. «Para mi desgracia, las autoridades no toman en cuenta que es un pequeño». En total, su hijo de tres años ha declarado seis veces.

En el caso de Viridiana de Jalisco, pasaron tres años hasta que el agresor fue notificado para ir a juicio. Su hijo contó la misma historia cinco veces y ella siete, porque los expedientes se “perdieron” constantemente.

En la última declaración, a Viridiana le solicitaron que proporcionara el peso y la estatura del presunto agresor, cuánto ganaba, la empresa en la que laboraba, su horario de trabajo, dirección y fotos de la vivienda. También le pidieron que presentara dos testigos para avalar la historia. «La psicóloga me dijo: ‘en este tipo de casos es rarísimo que haya un testigo’«, recuerda nuevamente con sorpresa Viridiana.

«La corrupción rampante en todas las fiscalías, donde el negocio tan concreto y simple que tira la gran mayoría de los casos es desvanecer pruebas. Contaminar la evidencia, desaparecerla o alterar la declaración de la víctima», señala Juan Martín Pérez.

La tortura de denunciar

«Bueno, ¿te la metieron o no?», así narró Viridiana cómo cuestionaron a su hijo de once años cuando tuvo que declarar por tercera ocasión ante el Ministerio Público. El adolescente conoció a su atacante desde que nació. A los siete años lo empezó a molestar. Pasaron cuatro años hasta que su madre se dio cuenta.

En el caso de Estefanía de la Ciudad de México, durante el periodo que llaman periciales psicológicas, un representante de la Fiscalía preguntó a la perito «¿la niña fue violada o no?», la menor de cuatro años salió corriendo para abrazar a su mamá.

«Ojalá sea una violación y tengas una lesión, porque sería más fácil, (acceder a la justicia). Pero si te tocaron de alguna u otra manera, o te introdujeron algo que no dejó una herida, porque no todo deja lesiones, pues no es tan sencillo». Comenta Mariana Gil Bartomeu, abogada de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

«Uno no está denunciando siempre. No hay empatía, nadie te dice: ‘tienes derecho a esto, te corresponde una copia, tienes que firmar aquí'», reclama Estefanía.

«Cuando una niña o niño cuenta con las redes suficientes para denunciar, en cuanto llega es entrevistado seis u ocho veces. Entrevistas mal llevadas y revictimizantes»; advierte Mariana Gil de la ODI. «Los niños no te van a dar la misma información que un adulto. No te van a dar tiempo, modo y lugar. Tampoco van a contar un hecho de forma cronológica. Los ministerios públicos preguntan como si fuera un robo de autos«. 

«Tenemos muy presente que hay que avanzar en el fortalecimiento y homologar las capacidades de respuesta, así como los criterios de intervención», comenta Oliver Castañeda, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. «También hay que insistir en las obligaciones que tienen los ministerios públicos en la protección de los derechos de la infancia más allá de la persecución del delito».

Niñas embarazadas

«Muchas veces la violencia sexual empieza desde muy temprana edad, pero se identifica con el embarazo», comenta Araceli González de Equifonía. El embarazo de niñas de tan corta edad como 9 años es uno de los indicadores más contundentes que muestra otra parte del problema.

«Si tú me dices cuál es la punta del iceberg que nos habla de la magnitud, pues son las cerca de diez mil niñas que son madres antes de los quince años», señala Nadine Gasman, del INMUJERES.

En el 2020, 9 mil 876 infantes y adolescentes, entre los diez y catorce años de edad fueron madres de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO). De 1991 al 2020 esa estadística creció 62 por ciento. Mientras que en el 91 hubo 6 mil 86 embarazos en personas menores de 15 años, en el 2020 se registraron 9 mil 876.

A esas edades el consentimiento no es válido. Las organizaciones civiles señalan que más del 90 por ciento de los embarazos de niñas no es producto de una relación entre iguales, son por pederastia. Es decir, las infantes fueron violadas. Forzar a las niñas a la maternidad se considera que es equivalente a la tortura, señala Equifonía.

También su vida corre peligro. «Han muerto niñas por embarazo producto de una agresión sexual», advierte Araceli González de Equifonía.

Las defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes de 15 a 17 años ocupan el sexto lugar en motivos de muerte, así lo registra el documento Impacto de la pandemia en niñas y niños de la Secretaría de Gobernación, publicado en agosto de 2021.

«No tenemos estadísticas oficiales. Tenemos que recurrir a diferentes bancos de datos, de las procuradurías, del INEGI, del Secretariado Ejecutivo o de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, por mencionar algunos. Si no se conocen los datos, cómo se va a resolver», reclama Daniela Cervantes, coordinadora nacional de Abogacía en Aldeas Infantiles SOS.

Agresiones sexuales en las escuelas

El primer contacto institucional en la infancia con la estructura del Estado, es la escuela. La escuela representa una gran oportunidad para identificar y atender posibles casos de violencia sexual.

Sin embargo, como ha documentado la Defensoría de los Derechos de la Infancia, en su reporte Es un Secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, que se publicó en mayo del 2021, niñas y niños «muy pequeños, narran haber sufrido violencia inimaginable en preescolar, y en primarias públicas y privadas. Agredidos en grupos por múltiples adultos, sometidos a una combinación de violencia sexual, física y psicológica».

A pesar de la relevancia del tema, las autoridades apenas tienen información. La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a una solicitud de Transparencia que únicamente disponía de datos de la Ciudad de México.

Ahí, del 2010 y lo que va del 2021, se registraron 516 agresiones sexuales perpetradas por docentes en contra de niñas, niños y adolescentes. En ese periodo en la Ciudad de México, 227 denuncias fueron en secundaria, 188 en primaria, 84 en preescolar y 6 en bachillerato. En 11 casos no se tiene registro del nivel educativo.

Del 2010 al 2019, hubo un incremento del 66 por ciento en las agresiones sexuales en las escuelas de la Ciudad de México, con 15 denuncias en el 2010, y 25 en el 2019. Incluso en el 2020, cuando la mayor parte del ciclo escolar fue en casa, la SEP tiene registradas 15 agresiones sexuales cometidas por docentes en la Ciudad de México.

En lo que va del 2021 llevan 9 denuncias. En Querétaro, Andrea acudió a la autoridad estatal de Educación por el maestro que agredió sexualmente a su hija.

Al querer levantar un expediente administrativo le hicieron firmar un documento que a la letra dice: «Al que teniendo la obligación legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad lo haga falsamente, se le impondrán tres meses a tres años de prisión y hasta cincuenta días de multa». Ella lo tomó como una intimidación.

Las Procuradurías de Protección

En México, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección son las autoridades administrativas que pueden intervenir e identificar vulneraciones a los derechos de la infancia, incluyendo las agresiones sexuales; así como brindar acompañamiento, asesoría o representación jurídica. Es importante no confundirlas con las Fiscalías de Justicia.

Las Procuradurías de Protección se conforman por un equipo multidisciplinario en trabajo social, psicología, leyes y medicina. El grupo está facultado para emitir medidas de protección que son vinculantes para todas las autoridades. Sin embargo, ese órgano administrativo tienen dos problemas, a la luz de los expertos. El primero es que opera dentro de la estructura de los Sistemas DIF.

«Ponen a un procurador a que haga dos semanas de campaña de acopio para desastres naturales en lugar de atender los casos. Esto es literal, porque forman parte del personal del DIF», comenta Ricardo Bucio, hasta el momento, el único secretario ejecutivo que ha tenido el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La estructura que mandata a los tres órdenes del Estado mexicano para garantizar los derechos de la niñez, no es el DIF, es el SIPINNA, el cual a nivel federal se encuentra sin titular desde febrero de este año.

«El DIF es en realidad un sistema de asistencia social que provee atención a todo tipo de población en situación de vulnerabilidad», señala Karla Gallo, oficial Nacional de Protección de UNICEF México.

El segundo problema de las Procuradurías de Protección es la falta de presupuesto. UNICEF México publicó en 2019 el documento Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Informe sobre costeo y propuestas para su fortalecimientoSeñalan que el recurso anual para que operen todas las Procuradurías a nivel nacional, es de 2 mil 487 millones de pesos. En promedio, sólo cuentan con el 27 por ciento. Cualquier persona en México, víctima de violencia sexual infantil podría acudir a una Procuraduría de Protección, pero casi nadie las conoce.

«Con sus equipos multidisciplinarios podrían actuar en grande, de manera integral para ese niño o niña, no sólo a levantar la denuncia», comenta Mariana Gil de la ODI.

UNICEF México explica que invertir en la protección de infantes y adolescentes generaría más rendimientos que cualquier obra de infraestructura pública. «Si las Procuradurías de Protección contaran con el presupuesto, la inversión anual tendría un retorno de más del 200 por ciento«, explica Karla Gallo de UNICEF.

Por su parte, el procurador Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda, señala que, «Nunca hay presupuesto que alcance. Pero más allá de la estimación de UNICEF, constitucionalmente todas las autoridades tenemos que trabajar con una perspectiva de eficiencia y eficacia, que va asociada a la austeridad».

Austeridad que no tendría que soslayar la protección de los derechos de la infanciaLa UNICEF compara el presupuesto anual de 2 mil 487 millones de pesos, con lo que costó la Estela de Luz, que fueron mil 304 millones de pesos.

La inversión de los recursos para las Procuradurías de Protección, en el escenario óptimo, representarían el 0.013 por ciento del Producto Interno Bruto o el 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, comenta la funcionaria de UNICEF México.

En el presupuesto federal para el 2022, el DIF recibió un incremento de poco más del 15 por ciento con respecto al año pasado. Está por verse si de ese recurso, se asignará algún incremento a las Procuradurías de Protección.

Educación integral en sexualidad

Una de las estrategias de mayor efectividad para prevenir la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es la educación sexual integral.

«Tiene que ser desde primero de kínder. Muchos de los abusos suceden en esa época», afirma José Gil Aguilar de Democracia y Sexualidad. «La gente se asusta, pero en el kínder se tendría que hablar del respeto, de la autoestima, de la toma de decisiones. Educar a los niños en los derechos». 

El tabú o la aversión cultural que se tiene a llamar a las cosas por su nombre, clara y científicamente con respecto a la sexualidad, deja a niñas y niños en un grado mayor de indefensión.

«Por la cultura mortificante, donde la sexualidad es mala, sucia y no debe de ejercerse. La sexualidad se vive desde la culpa y eso también sostiene la violencia«, advierte Francisco Contreras, quien trabaja en Veracruz con hombres que ejercen violencia.

El actual libro de Ciencias Naturales y el de Civismo de primaria «tienen elementos. Cumplen con un porcentaje de los indicadores, pero no a la profundidad que se desea», advierte el titular de Democracia y Sexualidad.

Pero para la ex presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, Marcela Martínez Roaro, esos contenidos no representan educación integral en sexualidad, «una cosa es la información y otra la educación», interpela.

De acuerdo a las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de la ONU, «los niños y adolescentes no sólo aprenden cómo reconocer toda forma de violencia por razones de género y renunciar a ella, también a identificarla y a prevenirla, a no cometer actos de violencia y a encontrar ayuda«, cuando reciben educación sexual.

La ONU recomienda iniciar en el preescolar y mantener la materia hasta el último año de preparatoria. Uno de los temas durante los años de estudio debe ser La violencia y cómo mantenerse seguros.

«Yo creo que desde el kínder se tendría que dar educación sexual. Desde esa edad los niños tienen una receptividad al conocimiento impresionante», señala Paola Olivares, quien fue educadora comunitaria de preescolar y primaria en el municipio Real de Catorce, en San Luis Potosí.

En la comunidad donde fue maestra por dos años, recuerda que las distintas formas de violencia sexual infantil estaban normalizadas como el acoso, el toqueteo, la pederastia y el incesto. La profesora identificó un patrón en el comportamiento de niñas y niños que, «encogen los hombros y agachan la cabeza cuando hablaban sobre su cuerpo».

Algunas alumnas y alumnos de Olivares relacionaban los temas de sexualidad con alguna agresión, «porque lo vieron, o porque les pasó a ellos mismos». Para implementar un programa de educación integral en sexualidad se requiere «voluntad política».

«No es una lucha técnica o científica. Es una lucha política, de votos. Yo he trabajado con autoridades muy abiertas, que dicen: ‘si por mí fuera lo pongo hoy’. Sin embargo, cuando viene la presión política, es ahí donde la SEP empieza a negociar«, señala José Gil de Democracia y Sexualidad.

La secretaria de Educación federal, Delfina Gómez declinó las diversas solicitudes de entrevista para esta investigación.

«En los mismos años del aumento de la violencia sexual infantil hubo manifestaciones, trabajo de lobby en los congresos, llamados desde el púlpito a no aprobar los derechos sexuales de niñas y niños, con la misma lógica del partido Vox de España de tener un PIN Parental«, comenta Ricardo Bucio, extitular de SIPINNA.

Niñas y niños siguen sufriendo en silencio

«Quien más paga toda esta carga brutal de patriarcado, de misoginia y de machismo, son los niños y las niñas. Las mujeres podemos salir, gritamos, protestamos, pintamos, mentamos madres. Los niños y las niñas no pueden hacerlo, nada más los sufren, lo sufren en silencio», señala Marcela Martínez Roaro.

La salud mental de infantes agredidos sexualmente se ve severamente comprometida. Ansiedad, problemas para establecer relaciones interpersonales, pensamientos suicidas, baja autoestima, entre otros retos emocionales y de salud.

«El costo de la violencia en contra de un niño o una niña a lo largo de su vida, se calcula en 1.8 millones de pesos por persona«, comenta Karla Gallo de UNICEF México. Algunos especialistas señalan que los crímenes sexuales en contra de niñas y niños impactan tanto en sus vidas, que es como matar una parte de su ser.

«Te das de topes. Según yo lo cuidaba mucho. Si íbamos al cine nunca lo dejaba ir al baño sólo. No salía con gente que yo no conociera, su círculo era muy reducido, sólo de personas cercanas. Cuando pasó dije ¡qué tonta! ¿Por qué no vi el foco rojo antes?», se lamenta Viridiana de Jalisco.

El caso del hijo de Viridiana, quien recibió apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, concluyó después de tres años con una condena de quince días en detención para el agresor, mientras le practicaron un examen psicológico.

El asalto sexual no fue considerado grave porque no hubo penetración, a pesar de que las agresiones ocurrieron reiteradamente por un periodo de 4 años.

«Parecería que los procedimientos de las fiscalías están hechos para que uno se canse. Para que lo dejes por la paz», reclama Viridiana.

Aunque fue encontrado culpable, el juez señaló que el agresor parecía auténticamente arrepentido. También tomó en cuenta su acercamiento a la religión. Además del estudio psicológico, fijo una cifra para la reparación del daño y sentenció una orden de restricción por un año.

«Para mí tuvo que haber pasado más tiempo en la cárcel», concluye Viridiana.

«Falta mucho para que se reconozca que la violencia sexual infantil es un problema, y que es problema muy grave», dice Araceli González de Equifonía.

El caso de Claudia en la Ciudad de México sigue. Hasta el día de hoy sólo hay una persona detenida, pero se presume que forma parte de una red. La Defensoría de los Derechos de la Infancia trabaja con ella.

«Tuve que pedir muchos permisos en la oficina, muchos descuentos. Nos quedamos económicamente muy mal. Para ir al psicólogo me endrogué», concluye Claudia.

«Hay una estrategia nacional de la primera infancia, está mandatada en un transitorio del Tercero Constitucional. Tienen obligaciones la federación, estados y municipios, pero pasa lo mismo que con las Procuradurías de Protección, quien lo quiere tomar lo hace. Asumen sólo lo que les parece adecuado», termina Ricardo Bucio, extitular de SIPINA.

Estefanía del Estado de México sigue sin obtener justicia. «Ya me hice a la idea que esto va a durar años. La justicia en México la tienes que luchar, la tienes que pelear. No se otorga por ser víctima«, acusa la madre de la niña de 4 años agredida en un kínder de la Ciudad de México.

Sobre el caso de abuso y violación múltiple en la escuela de Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que tanto la Secretaría de Educación estatal, que actuó a través de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), como la Fiscalía estatal fueron negligentes.

De 15 denuncias interpuestas por distintas formas de violencia sexual infantil, el agresor sólo fue consignado y sentenciado por un caso. Llevó su proceso en libertad. «Obtuvo una condena de ocho años y nunca pagó la reparación del daño», asegura Andrea, mamá de una de las niñas agredidas.

Después de 2 años y medio, un juez desconcentrado de la Ciudad de México le otorgó la libertad. «Dijo que vulneraron sus derechos (el debido proceso)», por haber filtrado su nombre a la prensa.

«A mi hija la sigo teniendo en terapia. No confía en los maestros. Tenía un grado de depresión muy alto, se sentía desvalorada, con pánico», reclama la madre. El comentario final de Andrea es: «yo no obtuve justicia».

dmr



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