Por: Rubén Vargas Céspedes – Presidente Ejecutivo de Devida

Para las instituciones que enfrentamos al tráfico ilícito de drogas (TID), la pandemia del COVID-19 es un recordatorio del alcance global de este problema. Así se refleja en las variaciones de los precios de la coca y de la cocaína en nuestro país, como consecuencia de las medidas de aislamiento social en el mundo. Así, en Bolivia, Colombia y Perú nos vemos nuevamente afectados por la demanda de cocaína de los países consumidores. Para nosotros, esto significa miles de hectáreas deforestadas en la Amazonía, la contaminación de fuentes de agua, la invasión de los territorios de comunidades nativas, así como el financiamiento de redes criminales y organizaciones terroristas.

El trabajo del Estado peruano apunta precisamente a los daños que genera la demanda global de cocaína en los sectores vulnerables. Esto señala la propuesta de Política Nacional contra las Drogas que hemos trabajado durante los últimos meses con el acompañamiento de CEPLAN. Con la aprobación de esta propuesta marcaremos un hito en nuestra historia, pasando de una estrategia a una política que articule el esfuerzo multisectorial en la materia. La base de esta articulación es un equilibrio entre invertir en el desarrollo de las zonas afectadas por el TID, y controlar eficazmente los cultivos ilícitos y la producción ilícita de drogas. Esta herramienta es parte del fortalecimiento institucional en el que estamos embarcados para contar con una verdadera entidad rectora en la materia.

La pandemia del COVID-19 también nos demuestra que es imposible hacer gestión pública sin información oportuna y rigurosa. Por eso desde un inicio nos enfocamos en fortalecer el Sistema de Información para la Lucha contra las Drogas (SISCOD), herramienta anteriormente postergada. El SISCOD es ahora un elemento central de nuestra gestión e incluye una nueva metodología para monitorear la producción y comercio de cocaína en el Perú. Con el apoyo de la Unión Europea y el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el segundo semestre del 2020 tendremos los resultados de este esfuerzo por transparentar la labor del Estado contra las drogas.

En el breve plazo, el compromiso del Estado peruano en la lucha contra el TID ha significado reforzar el desarrollo alternativo, como la ruta correcta para la transformación socioeconómica de las cuencas afectadas por la producción y el comercio ilícito de cocaína. Así, entre el 2019 y lo que va del 2020, y de la mano de los alcaldes y las organizaciones de productores, hemos ejecutado más de 187 millones de soles para apoyar a las cadenas de valor lícitas. Tan solo en el Vraem –una de las cuencas más estigmatizadas por el TID a pesar de sus potencialidades– este trabajo nos ha permitido asistir más de cinco mil hectáreas de productos alternativos y alrededor 16 mil familias.

Sabemos que uno de los grandes retos luego de la emergencia sanitaria será reactivar la economía de las cuencas cocaleras. En Devida confiamos lograrlo, basados en la institucionalidad construida, la experiencia acumulada, el trabajo equilibrado y el acompañamiento de la comunidad internacional, en el marco de la responsabilidad común y compartida. Buscamos con esto que el esfuerzo de los productores lícitos no sea ensombrecido por los daños que genera el TID. De esa forma reafirmamos lo que desde siempre ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso con las regiones castigadas por el narcotráfico.

Cortesia de La Republica

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