La Corte de Constitucionalidad se encuentra en el ojo del huracán en una lucha de poderes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)


El viernes 26, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde al trámite de solicitud de antejuicio contra los togados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía y lo remitió al Congreso con expediente original incluido.

Ese mismo día, la comisión permanente del organismo nombró a una comisión pesquisidora, integrada por los congresistas Santiago Nájera, Douglas y Luis Rosales, que tuvo intención de sesionar el sábado 28 para comenzar el trabajo que debería conocer los hechos y sugerir al pleno si hay motivo o no para retirar la inmunidad.

Los cuatro togados son señalados en el pedido de retiro de antejuicio por el abogado José Roberto Guzmán Hernández, quien considera que es ilegal el amparo definitivo que esos magistrados dieron al Ministerio Público (MP) el 6 de mayo último y ordenó al Legislativo que la elección de magistrados de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumpla con el requisito de idoneidad, capacidad y honradez, algo que posteriormente se tradujo en un informe de la Fiscalía al Legislativo que enumera por qué 20 candidatos no cumplen con esos requisitos, y 10 diputados deberían abstenerse de votar por tener posibles conflictos de interés.

Pero el escenario cambió ese día 27 cuando la CC, integrada por Porras, Mejía, De Mata, y los suplentes Mynor Par Usen y María Cristina Fernández, detuvieron el trámite mediante un amparo provisional a Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos; Acción Ciudadana, y Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, que accionaron en favor de los propios magistrados y contra las actuaciones de la Suprema.

En ese amparo la CC ordenó al Congreso entregar el expediente original y en dos órdenes posteriores lo conminó a reenviarlo. En respuesta, el Legislativo dijo en el primer memorial que le “materialmente imposible” remitirlo porque no estaba en poder de la comisión permanente sino de la pesquisidora, que ante el amparo tuvo que quedar sin efecto.

En el segundo memorial, hecho público la noche del 29 de junio, el Congreso esgrime argumentos contra la CC y sus resoluciones, algo que durante el fin de semana y hoy plantearon además numerosas agrupaciones empresariales, organizaciones sociales y abogados que señalan que la CC ha hecho fallos que amenazan el estado de Derecho y violan la Constitución.

Llegado a este punto detallamos lo expuesto por el Congreso.

En su exposición el Legislativo dice que los magistrados de la CC “han abusado de sus funciones, han sobrepasado los límites legales y constitucionales, y pretenden ser superiores a la Constitución y la ley”.
Le señala la posible comisión de los delitos de prevaricato, obstaculización a la acción penal, abuso de autoridad y violación a la Constitución y resoluciones violatorias a la Constitución.

Cuestiona a los magistrados si no es aplicable a ellos el artículo 152 constitucional sobre lo que un funcionario público solamente puede realizar según lo que expresa la ley y tiene prohibido hacer lo no explícitamente autorizado. Asimismo, asegura que “sorprende” un cambio en la jurisprudencia dictada por la magistratura de la CC anterior que estableció que principio de legalidad en la función pública debe ser conforme a la ley, por cuanto ahora los togados adoptan funciones no contempladas en la ley.

Más adelante le plantea que no ha justificado por qué busca retener el expediente original y no le basta la copia legalizada del antejuicio contra los cuatro magistrados.

Luego de cuestionar que estos cuatro magistrados fueron “juez y parte” del amparo otorgado, el Congreso evoca el artículo 156 constitucional sobre la no obligatoriedad de cumplir órdenes ilegales e insta al Ministerio Público a que gestione el retiro de la inmunidad de Porras, de Mata Vela y Mejía.




Cortesia de Prensa Libre

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