Republica Uruguay

Escrito por Laura Fernández, abogada, integrante de Fuerza Renovadora y asesora parlamentaria.

La conferencia/cadena de cada noche incorporó ayer –sin disimulo – otra perilla. El Presidente, detrás de un escritorio solemne, flanqueado por sus colaboradores y enmarcado en los símbolos patrios, hizo una conferencia con medios  del interior del país. Los canales privados dieron canilla libre y nos “invitaron” al zoom por 54 minutos. 

Sin darnos cuenta, la crisis sanitaria fue dejando paso a la complejidad de las decisiones del aislamiento en el surf, hasta terminar en el revisionismo de la interrupción voluntaria del embarazo. 

El Uruguay se inscribe en la mejor historia del reconocimiento y el amparo de muchos derechos humanos. Un mojón ineludible en esa construcción colectiva es la sanción de las leyes de “interrupción voluntaria del embarazo” y “salud sexual y reproductiva” (leyes N° 18987 y 18426). 

La despenalización del aborto no fue espontánea, ni mucho menos estuvo libre de debates, contradicciones, despliegue de evidencia estadística y  manifestaciones ciudadanas. La normativa uruguaya finalmente dio cuenta de un gigantesco problema y sus feroces consecuencias, a esa altura, inocultables. El aborto, en determinadas circunstancias y cumplidos los requerimientos legales, había dejado de ser una práctica penalizable (lo que es muy diferente a “legalizarlo” y muchísimo menos  promoverlo, fomentarlo o banalizarlo; aunque todo eso se tergiverse por quienes se oponen). 

En el año 2001 el 43% de las muertes maternas se producía por abortos hechos en condiciones de riesgo. En el 2017, tras 5 años de vigencia de la ley, Uruguay era el segundo país con menor mortalidad materna de toda América, después de Canadá. De ser la primera causa de muerte materna en el Uruguay del 2000, hoy prácticamente no hay casos de muerte materna por aborto (datos proporcionados por  la Dra. Verónica Fiol a la BBC el 22 de noviembre de 2019). 

Hubo y hay presencia de política pública. Hubo y hay un obrar orientado a resultados.  Como pocas veces tan claro, actuar es sacarle a la angustia una certeza. 

Pero sabido es que las normas, en los estantes, son progreso manuscrito. El pleno goce de los derechos ciudadanos solo está garantizado con el compromiso explícito de los gobernantes y la apropiación efectiva de los individuos. Afirmar desde la investidura presidencial (invocándola explícitamente) que el gobierno tiene una “agenda pro vida”, va en el sentido opuesto.  

 Contrabandear semejante cuestión social e instalarla en términos  maniqueos “pro vida”,  además de  falaz y simplificador, es lo que André Lalande llama “ignorancia del argumento”,  discutir lo que está fuera de la cuestión. Entre las posiciones “pro vida” y “pro elección” hay una gama complejísima de matices.  

La simplificación descalifica de por sí pero, en las condiciones en que el Presidente la planteó ayer, representa un abuso de las circunstancias que le dieron el escenario, un despliegue de autoritarismo y una grosera indefensión para toda la comunidad académica, la sociedad civil y la ciudadanía discrepante.  

Si en condiciones “normales” este sutil desplazamiento de las creencias personales al desconocimiento de  los procesos colectivos, hubiera sido irritante…..en medio de una crisis sanitaria, con el país en pausa y las movilizaciones impedidas; enciende todas las alarmas. 

Las posiciones personales son tantas como individuos y están siempre mediadas por las peripecias vitales, los anclajes religiosos o filosóficos, las condiciones materiales de vida. Lo que es incontrastable es el marco jurídico nacional e internacional al que adherimos; así como los resultados que ha hecho posibles. Desde allí debería hablar un Presidente. 

El uso y abuso de la conferencia/cadena de cada noche; consentida y sostenida por los medios de comunicación, dio anoche un paso más.  

Debemos dar frontalmente estos debates, en los hogares, en los medios, en las organizaciones sociales; de lo contrario ajustar la perilla ideológica entrará como los ríos y los árboles en el orden natural de las cosas.  

No basta velar colectivamente  por la plena vigencia de los derechos consagrados, hay que construir el relato que los sustenta; no permitir que se instalen las verdades de las que nos prevenía García Márquez, esas que “son verdad sin llegar a ser ciertas”. 

Republica Uruguay

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