La dirigencia indígena tiene cinco denuncias en su contra | Política | Noticias

Al menos cinco denuncias reposan en la Fiscalía contra Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en relación con el paro registrado en octubre pasado.

Tres están dirigidas solo contra él, mientras que dos alcanzan a otros dirigentes sociales.

Las protestas se dieron entre el 3 y 13 de octubre en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel.

Varios actores se movilizaron pero el sector indígena –con Vargas a la cabeza– fue el más visible.

El pasado 17 de octubre el exvicepresidente Alberto Dahik pidió a la Fiscalía que lo investigue por el delito de terrorismo, argumentando que se habría cometido cuando el líder indígena ordenó cerrar las llaves de pozos petroleros y del oleoducto.

“El Ecuador dejó de exportar más de cien millones de dólares y se destruyeron las instalaciones petroleras”, se indica en la denuncia.

El 21 de octubre el presidente de la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Carlos Coloma, y el abogado Manuel Pérez demandaron a Vargas por el delito de odio por sus expresiones contra las personas con discapacidad.

El 10 de octubre, en el ágora de la Casa de la Cultura en Quito, el titular de la Conaie se refirió al presidente Lenín Moreno en términos despectivos.

Coloma y Pérez consideraron que la ‘ofensa’ a Moreno alcanzaba a todas las personas con limitaciones físicas, “un grupo vulnerable que el Estado está llamado a defender”.

El 22 de octubre la Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de promoción de grupos subversivos que se habría configurado cuando el líder indígena llamó a crear un “ejército propio” del movimiento indígena.

Otras dos demandas incluyen a Vargas y más dirigentes.

Una la puso el Ministerio de Gobierno el 10 de octubre, fecha en la que los manifestantes indígenas retuvieron a varios policías en el ágora de la Casa de la Cultura en Quito.

La secretaría pidió a la Fiscalía investigar el delito de secuestro que atribuye a Vargas (Conaie), Agustín Casiqueando (Confederación del Pueblo Kayambi), Leonidas Iza (Movimiento Indígena de Cotopaxi), Carlos Sucuzhañay (Ecuarunari), Manuel Chugchilán (miembro de Feine), Mesías Tatamuez (FUT), Luis Morales Cushcagua (Unión de Organizaciones Indígenas campesinas de Cotacachi).

La otra querella la presentó el político y consultor Marcelo Gallo, el 27 de octubre. En el documento se indica que los delitos de instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo se dieron durante las “violentas manifestaciones”.

Y se pide investigar a Vargas (Conaie), Leonidas Iza (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi), Marlon Vargas (Confenaie), Rafael Pandam (Parlamento de las Nacionalidades Amazónicas) y Marlon Santi (Pachakutik).

Frente a estas denuncias, el equipo jurídico de la Conaie prepara la estrategia de defensa que empleará.

Uno de sus integrantes, y quien pidió no ser identificado, afirmó que la cantidad de procesos penales evidencia que “el Estado tiene una actitud de persecución hacia el movimiento indígena”.

Anunció que, cuando sean convocados a una diligencia, acudirán para esclarecer los hechos. (I)

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