Amanda Valle sigue en la incertidumbre porque no hay noticias sobre algún rastro del cuerpo de su hermano, Julio César, hace más de 90 días de su fallecimiento el pasado 30 de marzo durante la pandemia del COVID-19. A más del estrés emocional que le causa eso, su preocupación también se centra en su madre de 92 años que está muy depresiva sin poder darle el último adiós.

Ese trauma que sufre Amanda junto a su familia, según resolución de un juez de la Defensoría del Pueblo, debe ser atendido por personal médico y psicológico del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En las semanas más críticas de la pandemia en Guayaquil, entre finales de marzo hasta mediados de abril, decenas de cadáveres se extraviaron a causa de una incorrecta manipulación en las morgues y contenedores hospitales como del Guasmo Sur y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos.

Ante esto más de 100 familias empezaron a reportar que no tenían razón del paradero de su ser querido. Con asesoría gratuita del doctor Héctor Vanegas y otros expertos en el tema lograron solicitar una acción de protección por esta vulneración de derechos.

El pasado viernes un juez de la Defensoría del Pueblo dispuso que a más de la atención médica, las instituciones involucradas, con el apoyo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entreguen un informe, en el término de 10 días, para determinar la ubicación de 16 cuerpos que no aparecen.

Otra de las resoluciones fue que las instituciones como el MSP y el IESS ofrezcan disculpas públicas por la vulneración de derechos en el mal manejo de los cadáveres en hospitales y que se brinde capacitación al personas de esas áreas para que circunstancias así no se vuelvan a repetir.

Además que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional entreguen los cuerpos hallados a la fecha a sus familiares para la inumación.

Freddy Herrera, coordinador técnico de Medicina Legal del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó que ellos tienen 216 cadáveres, incluidos 100 identificados con informes antropológicos y los otros 116 pasarán para prueba de ADN que ya se empezaron a tomar las pruebas desde la semana anterior. “Son estos 116 que serán analizados para identificarlos por medio del ADN. Ya se lo tomó y se está coordinando para hacer la toma de muestra con los familiares directos para corroborar la información y poder identificar más cuerpos”, explicó Herrera.

Agregó que con la resolución de la Defensoría del Pueblo la estrategia que tenían va a cambiar. “Primero hay que esperar que la resolución nos llegue por escrito, puede ser esta o la otra semana, e iremos trabajando en un protocolo para la entrega de cadáveres”, explicó este lunes a este Diario.

El primer proceso de la identificación de los cuerpos se dio con los cadáveres que estaban en contenedores del hospital del Guasmo junto a los otros dos del IESS. De allí fueron 42 cuerpos que pudieron ser identificados por huella dactilar y ser enterrados.

Esperan que los familiares brinden todo el apoyo para completar el proceso y poder identificar la mayor cantidad posible de cadáveres.

El pasado viernes durante la audiencia, familias hicieron plantonera para pedir que se agilite este doloroso proceso.

Demanda internacional

Héctor Gabriel Vanegas, uno de los abogados de las familias, explicó que luego de haber ganado la acción de protección el pasado viernes, están recolectando los datos para interponer la medida en contra del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales.

“Estamos recolectando todos los accionantes como tal para poder dar inicio a este proceso”, dijo este lunes Vanegas.
Su padre, concejal de Guayaquil, empezó la defensoría de las familias como un aporte gratuito por su cargo público. En el proceso algunos lograron encontrar a sus familiares y otros se han ido sumando. (I)



Cortesia de El Universo

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