La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó  una denuncia penal ante el Ministerio Público de La Paz, por la compra irregular de software que se debió utilizar para la migración de datos de los aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

“Nosotros vamos a tomar las acciones que correspondan. Hemos encontrado indicios de responsabilidad penal en la compra de software. Que las instancias respectivas hagan su trabajo. Las pruebas que se encontraron a través de auditorías, son contundentes. No vamos a aceptar ningún tipo de impunidades”, señaló este martes, en su audiencia de rendición pública de cuentas, el gerente general de la Gestora, Sergio Flores.

Según las investigaciones preliminares de la Gestora, en 2017 y 2019, se firmaron dos contratos para la adquisición de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones de esta entidad.

El primero, se suscribió con la panameña Sysde Internacional Inc. en 2017 por $us 5,1 millones. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se refrendó uno nuevo con la colombiana Heinsohn Business Technology, el 23 de octubre de 2019, tres días después de las Elecciones Generales, por un monto de $us 10,9 millones, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso EL DEBER.

La empresa panameña Sysde Internacional Inc. debía entregar 83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100% de los datos de las AFPs Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.

La firma colombiana Heinsohn Business Technology cobraría un total de $us 10.983.502. Para cumplir con el convenio de la migración de datos y el plazo de 32 meses (incluyen 20 meses de desarrollo y puesta en producción), proporcionaría 151 funcionarios y 124 programadores.

En el primer contrato el Estado erogó $us 3 millones. El segundo se suspendió en diciembre.

Edificio

Además, el gerente de la Gestora, apuntó a la compra por $us 2,7 millones, de tres plantas de un edificio cuyo primer piso corre peligro de caerse. A principios de año, Flores ya había adelantado que iniciará procesos legales que podrían caer sobre exministros y exautoridades ejecutivas de la entidad, en el Gobierno anterior.

“Se compró un edificio de 2.000 metros cuadrados (m2), de tres plantas. Pero la planta baja era un parqueo de autos. Le pusieron calamina, techo falso, cerámica para el piso, pintaron pared, le compraron material de oficina y lo vendieron a precio de oficina. Ahora están cediendo los ladrillos Todavía estamos en proceso de evaluación con un ingeniero. Pero tenemos información de que si graniza, se puede caer el techo. Por eso no hay gente trabajando en esta área”, dijo en su momento.



Cortesia El Deber

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