La Fiscalía General de la Nación pondrá a disposición un servicio telefónico al que podrán recurrir menores de edad que hayan sido explotados sexualmente, según indicaron fuentes de la institución.

La iniciativa de la Fiscalía surgió a raíz de la Operación Océano, una investigación sobre explotación de adolescentes que ya lleva varios meses de indagatoria, y que tiene hasta el momento a 21 personas imputadas por la Justicia.

Casi todas fueron imputadas por promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, aunque hay quienes fueron penalizados por contribución a la explotación sexual, y hay también dos imputados por proxenetismo. Solo uno de ellos está con prisión preventiva: al resto se les aplicó medidas limitativas, como fijar domicilio, no acercarse a las víctimas, y la prohibición de trabajar en áreas que impliquen trato con niños, niñas y adolescentes, así como la pérdida de la patria potestad.

«Nosotros seguimos captando víctimas. En este momento son siete», dijo este lunes en conferencia de prensa la fiscal del caso, Darviña Viera, luego de lograr este sábado la última imputación hasta el momento, un argentino que estaba radicado en Maldonado.

«La Fiscalía sigue investigando y a raíz de eso siguen apareciendo personas. Tenemos otros tres requeridos, creo que están en el exterior», dijo Viera.

El número telefónico será difundido en los próximos días, ya que aún se continúa trabajando en los detalles del servicio, como por ejemplo la forma de asegurar el anonimato de la persona que llame a denunciar, explicaron las fuentes. La idea de este programa se sustenta en la «hipótesis» de los investigadores del caso de que haya «muchas más» víctimas menores.

Por esta causa, en la cual trabaja la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, fueron llevados ante la Justicia un exjuez de menores; uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas; el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz; un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua; un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo; además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes.

Asimismo, entre los empresarios que hoy enfrentan un proceso penal, está Ariel Pfeffer, directivo de Endeavor y uno de los promotores de la iniciativa empresarial «NoscuidamosEntreTodos», que emitió un comunicado a la opinión pública en el que afirmó tener la «certeza de que durante el proceso que se inicia quedará probada» su «absoluta inocencia». 

La mayoría de los involucrados se contactaron con las menores a través de chats –que son pruebas a disposición de la Fiscalía–, en los que, en algunos casos, queda en evidencia que los adultos estaban en conocimiento de la edad de la menor. 

Este caso es señalado como histórico por la cantidad de gente involucrada, ya que hay antecedentes en el nuevo Código del Proceso Penal de juicio orales con tantas personas acusadas, dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

«Eso significa que van a haber por lo menos 25 abogados, porque algunos tienen codefensa, más todos los testigos», había dicho Viera el 6 de junio, cuando entonces había 19 imputados.

 

 



Cortesia de El Observador

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