El exdirector de Interviú Alberto Pozas y quien fuera su número 2 Luis Rendueles han presentado un escrito ante el juez del caso Villarejo en el que piden que les saque ya de la causa porque las contradicciones de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham la deslegitiman para ejercer la acusación.

Pozas y Rendueles son los dos únicos imputados junto al comisario José Manuel Villarejo en esta pieza separada que investiga qué pasó con el móvil que a ella le robaron y cuyo contenido se aireó en la prensa y apareció en los archivos del polémico comisario.

Están imputados por un presunto delito de revelación de secretos porque juntos hicieron entrega de un pendrive con copia del móvil de Bousselham al comisario Villarejo que había llegado en un sobre anónimo a Interviú. El pasado mes de mayo pidieron el archivo de actuaciones, como adelantó ABC, alegando que la entrega obedecía al requerimiento verbal de un policía en activo y condecorado.

Su petición de archivo motivó que los investigadores repasasen la situación de esta pieza separada, la número 10, que ha acabado siendo un quebradero de cabeza para Pablo Iglesias: en inicio era un perjudicado porque el contenido del móvil que se aireó en prensa iba contra él, pero ahora está expulsado de la causa y es sospechoso de dos delitos

Para los dos periodistas, este giro de guión tiene mucho que ver con las contradicciones en las declaraciones judiciales de la propia Bousselham, quien tiene «la ineludible obligación de ceñirse estrictamente a la verdad».

«No puede permitirse que quien está atribuyendo a terceros un hecho delictivo cambie de versión, pues dichos cambios de versión le invalidan para sustentar legítimamente una acusación penal», señala el escrito al que tuvo acceso ABC.

Esta tesis se refuerza en su opinión, por el hecho de que pese a las advertencias del juez por «conflicto de interés», ella haya seguido manteniendo a la misma abogada que en un inicio, lo era también de Iglesias. «No existe por parte de Bousselham una verdadera voluntad de averiguar lo realmente sucedido, lo que a su vez la deslegitima para sustentar la acción penal», argumentan.

En cuanto a la propia situación de ambos, el escrito incide en que «absolutamente nada de lo practicado (…) apunta como ni remotamente a la existencia de responsabilidad penal alguna por su parte« y de hecho, »en ninguna de las declaraciones prestadas por Bousselham y en ninguno de los escritos presentados por la acusación particular se pone de manifiesto un interés en sostener la acción penal« contra ellos. »Ni siquiera se opuso a la petición de sobreseimiento«, añade el escrito.

Una causa mediática

En este contexto, destacan que la investigación ha virado «hacia el esclarecimiento de la posible comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos que se atribuye a uno de los inicialmente prejudicados», Pablo Iglesias.

«Esa actuación ha generado una dificultad añadida a la investigación de los hechos que ha obstaculizado de forma relevante la averiguación de la verdad, lo que nuevamente deslegitima a los supuestamente perjudicados para mantener el ejercicio de la acción penal«, añaden.

Consideran que mantener la imputación de Pozas y Rendueles «en un procedimiento tan mediático y político» les está además produciendo «muy graves perjuicios», especialmente en el caso del exdirector de Interviú, que «tuvo que dimitir de su cargo de directos General de Información Nacional de la Moncloa a raíz de su imputación» y que ya en su día, «destacó el uso político y el electoral que se le estaba dando a la investigación».

Cortesia de ABC

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