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Cámara de Diputados trata juicio político a Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llega al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el lunes 8 de noviembre de 2021. ( Foto/Esteban Felix)

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llega al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el lunes 8 de noviembre de 2021. ( Foto/Esteban Felix)

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llega al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el lunes 8 de noviembre de 2021. ( Foto/Esteban Felix)

SANTIAGO () — La Cámara de Diputados de Chile se reunió el lunes -en lo que podría ser una maratónica sesión- para debatir el juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera, que de ser admitido pasaría al Senado, que podría llegar a destituirlo.

A la oposición de centroizquierda, que necesita 78 de los 155 votos del pleno para aprobar la acusación, podrían faltarle sufragios porque dos de sus diputados están en cuarentena: uno de ellos es el también candidato presidencial Gabriel Boric, quien se contagió de COVID-19, y uno de sus contactos estrechos, Giorgio Jackson, cuyo confinamiento concluye a la medianoche del lunes.

El diputado Marcelo Díaz dijo en la víspera que “tenemos justo los 78 votos”, cifra que considera el sufragio del contacto estrecho de Boric. La oposición tiene 83 votos en la Cámara, pero varios rechazan el juicio.

La sesión comenzó con la presentación del juicio ante el pleno por parte del diputado socialista Jaime Naranjo, quien ha dicho que hablará a la espera de que Jackson llegue a la sala a votar, lo que sucedería en las primeras horas de la madrugada del martes. Para hacer tiempo, Naranjo empezó a leer las 99 páginas de la acusación.

Cuando Naranjo cumplía casi siete horas hablando, se supo que un diputado demócrata cristiano no se presentará a votar, aunque más tarde el jefe de bancada, Gabriel Ascencio, explicó que tras la toma de un PCR, su colega Jorge Sabag inició su viaje, de 500 kilómetros, hasta la sede de la Cámara.

La oposición tiene los votos justos para admitir la acusación, contando a Jackson, por lo que cualquier ausencia implicaría la caída del juicio político.

Si el juicio es admitido pasaría al Senado, donde el mandatario podría ser destituido si la oposición logra el apoyo de 29 de los 43 senadores. Si ello ocurre, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, deberá llamar a una nueva elección en un plazo máximo de 120 días.

La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de conocerse los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que reveló negociados en paraísos fiscales de más 300 personas, entre ellas Piñera.

Entre millones de documentos hay un contrato de venta de una propiedad de los hijos de Piñera firmado en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, que condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que en la zona donde se instalaría no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural, decisión que dependía de Piñera, quien llevaba nueve meses de su primer gobierno (2010-2014). El mismo año el mandatario reubicó una termoeléctrica que se levantaría en la misma área del proyecto familiar vendido.

“Somos testigos de las consecuencias de tener un mandatario empresario, que no separó los negocios de la política”, afirmó Naranjo.

Los acusadores afirman que Piñera infringió la constitución y las leyes y comprometió el “honor de la nación por favorecer la venta del negocio a un amigo personal”.

Por la misma información la Fiscalía Nacional inició una investigación a Piñera para establecer si hay posibles delitos de cohecho, soborno o tributarios, cometidos por acción u omisión. Piñera afirma que no conoció de la venta hasta terminar su gobierno, que se pagaron en Chile todos los impuestos y que los hechos están prescritos.

“No hay prescripción en la comisión de ilícitos constitucionales”, dijo Naranjo.

Este es el segundo juicio político que enfrenta Piñera durante su actual mandato. El primero fue a fines de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes, lo que fue acogido por la mayoría de los diputados.

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