Cuáles son los 5 desafíos de Ecuador para el medioambiente en 2020 | Ecología | Noticias – Ecuador Noticias Ultima Hora

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Una de las principales tareas ambientales que tiene Ecuador en este año es mejorar la gestión del agua. Nuestro país es el más deforestado en proporción a su tamaño. También preocupan la explotación petrolera y la expansión de minería a gran escala, especialmente en territorios indígenas.

“La crisis económica por la que atraviesa el país y su dependencia de los combustibles fósiles seguirá trayendo enfrentamientos con las comunidades que buscan la conservación de sus territorios”, recoge Mongabay.

Este portal enumeró los cinco retos que tiene nuestro país en este año para preservar el medioambiente:

1. Ecuador debe salir del listado de los más deforestados


Deforestación en Esmeraldas (Cortesía de Mongabay)

La deforestación es uno de los temas que más preocupa a los expertos ecuatorianos consultados por Mongabay Latam. Según cifras del Ministerio del Ambiente, en 2016 el país contaba con 12 631 197 hectáreas de bosque nativo y en 2018 ya tenía 116 857 hectáreas menos. En 18 años —entre 1990 y 2018— se han perdido poco más de 2 millones de hectáreas de bosque en el país.

Uno de los principales problemas actualmente es que Ecuador no publica de forma periódica y oficial su cifra de deforestación, como sí ocurre en otros países latinoamericanos. “No existe un programa que lo haga de una forma sistemática cada año o cada dos años. Los datos más recientes que conozco hablaban de una tasa de deforestación de más de 70 000 hectáreas, que para un país del tamaño de Ecuador es una cifra muy alta”, comenta el biólogo ecuatoriano y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Santiago Ron.

Ron asegura que Ecuador es el país del hemisferio occidental con la mayor tasa de deforestación anual, “lo cual es vergonzoso” y añade que, “cambiar esa tendencia debe ser el principal reto para este año. Cuando se destruyen los bosques se genera una afectación sobre todos los organismos. Estamos hablando de miles o cientos de miles de especies que se ven afectadas”.

Manuel Bayón, miembro fundador del colectivo Geografía Crítica, asegura que desde el Ministerio del Ambiente se promueven proyectos de alto impacto en la naturaleza y que la pedagogía en torno a la importancia de los bosques primarios de Ecuador es muy relativa. “Las únicas políticas que se establecen son restrictivas. No solo son los retos en deforestación sino el abandono de las poblaciones que viven en los ecosistemas más conservados”.

Carmen Josse, directora científica de la fundación EcoCiencia, considera que la deforestación es un tema preocupante para este 2020 porque, a pesar de que hay esfuerzos por disminuirla y se logró mantener una tasa baja —luego de una pérdida de bosque muy alta entre 2000 y 2008— la tendencia va al alza nuevamente. “Sigue siendo una cifra alta, sobre todo porque el porcentaje de área amazónica de Ecuador es relativamente pequeña”.

A Josse además le preocupan otros temas relacionados con los bosques como la degradación -deterioro de la superficie forestal en cuanto al funcionamiento del suelo y la pérdida de especies de flora y fauna-. “Esto es difícil de explicar, es necesario entender cuánto de antrópico hay y cuánto de procesos naturales. Hay una pérdida importante de biomasa forestal que no necesariamente termina registrándose como deforestación y puede ser degradación por tala selectiva. Es un tema en el que queremos enfocarnos más”.

Otro tema que preocupa es el continuo debilitamiento, por cuenta de la crisis económica del país, del programa Socio Bosque, que existe desde 2008 y cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos en Ecuador a través de la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección.

Santiago Ron asegura que hay varias opiniones sobre la eficiencia del programa. Por un lado, algunas personas recibían fondos del Estado para mantener con bosque algunas zonas, “pero es difícil el sistema de monitoreo porque no lo hacían de una forma remota, con tecnología satelital, sino de forma presencial con personal del Ministerio del Ambiente y eso en algunos casos no funcionaba muy bien”. Sin embargo, reconoce que algunas reservas se han beneficiado de ese programa y ha sido una forma efectiva de dar algún tipo de apoyo a quienes quieren proteger voluntariamente sus bosques. “Es triste ver que ese programa tiene cada vez menos financiamiento y eso no va a facilitar una reducción en la tasa de deforestación”, dice Ron.

2. Situación crítica en Ecuador por actividades extractivas y la gran agroindustria


Agua usada por la minería vuelve al río, mientras niños de la comunidad Shuar nadan en él (Cortesía de Mongabay)

Otro de los temas ambientales recurrentes en Ecuador ha sido el de la expansión de las actividades extractivas. La tradición petrolera lleva ya décadas, pero la minería a gran escala viene creciendo en los últimos años y sin duda estará presente en 2020.

“Al igual que en el resto de América Latina, Ecuador está en una situación crítica en los temas ambientales debido a la profundización del extractivismo. A pesar de que se ha ganado en derechos de la naturaleza y que los discursos ambientales han permeado las instancias de gobierno, la intención de acelerar la extracción está totalmente presente”, dice Esperanza Martínez, líder de la organización Acción Ecológica.

De acuerdo con la experta, el problema es que los recursos petroleros y mineros que le quedan al país están en zonas muy frágiles como el parque Yasuní, las zonas de páramos y los territorios indígenas. “Lo que está en juego es la expansión de las fronteras [extractivas] hacia lugares donde la lógica y la ley las prohíben”.

Para Martínez, se ha ido construyendo todo un marco legal que ha desmontado las regulaciones ambientales que en algún momento se establecieron con las luchas de los movimientos sociales. Cita como ejemplo que en la legislación ambiental y en la Constitución se expresa la prohibición de introducir desechos tóxicos, pero que poco a poco lo que se ha hecho es permitirla argumentando que lo que está prohibido es la introducción de desechos tóxicos “sin permisos”.

“Es una tendencia (el desmonte de regulaciones ambientales) de este Gobierno y del que le precedió, que se contradice con esa tendencia de un mundo cada vez más preocupado por el ambiente. Estamos más sometidos a proyectos desastrosos: extractivismo, agroindustria, megaminería y megaestructura”, dice.

Los expertos consideran que la apertura de Ecuador al extractivismo y a la industria agropecuaria de gran escala continuará este año. La preocupación también radica en que se han mostrado falencias evidentes en muchos de los estudios ambientales presentados por las compañías que desean aprovechar los recursos naturales, así lo indica Andrea Encalada, ecóloga acuática, directora del Instituto Biósfera de la Universidad San Francisco de Quito y doctora en Ecología. A Encalada, más que las actividades petroleras, le preocupa el ‘boom’ minero que vive el país. “En Ecuador lo petrolero pasó a un segundo plano, pero lo que sí se viene son los proyectos mineros a gran escala, en el sur. Es sumamente preocupante ver las concesiones mineras al sur del Ecuador porque sabemos que muchos de esos proyectos se dieron con informes de valoración ambiental deficiente”, asegura.

La zona sur del país, donde se encuentra, por ejemplo, la cordillera del Cóndor, es sumamente biodiversa y de hecho hay muy pocos estudios ahí. “Esa es una de las preocupaciones más grandes porque esos proyectos mineros no pueden ser ambientales de ninguna manera. La destrucción de toda una montaña o de todo un río no puede ser ambiental desde ningún punto de vista”, afirma. A Encalada le parece que la situación económica de Ecuador está muy mal y esa es una de las razones por las que el gobierno no se atreve a parar esos proyectos, “los problemas económicos hacen que se olviden de la parte ambiental”, agrega.

Manuel Bayón menciona que el gran proyecto minero a cielo abierto, Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, ya empezó a producir cobre pero no tiene carreteras ni puertos para sacarlo. Para él, el peor impacto ambiental llegará cuando se construyan, lo que se suma al proceso de urbanización que, según dice, ya se está dando en la zona de influencia del proyecto.


Vista del proyecto Mirador (Cortesía de Mongabay)

Carmen Josse asegura que la minería deja unos pasivos ambientales “tremendos” por sus características. Sumado a esto, considera que si se compara su afectación con la rentabilidad que deja la explotación de petróleo, “los ingresos no son tan grandes”. Y es que las concesiones mineras están en todo el territorio ecuatoriano, “había ciudades que tenían cubierto por minería gran parte de su territorio, por ejemplo Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe estaba concesionada en principio en un 60 % de su extensión. Eran cosas absurdas, hubo mucha protesta no solo de la ciudadanía sino de las autoridades locales. El gobierno ha propuesto un mapa minero, pero todavía no está disponible”, comenta.

Además, otra de las industrias que está creciendo con poco control es la palma, sobre todo en el norte del país. Esperanza Martínez comenta que hay varias políticas que están ampliando la expansión de la frontera de la palma y por lo general, según dice, este cultivo ha estado ligado a unos modelos de mucha violencia local y se ubica muy cerca del petróleo. “La palma se usa mucho como incentivo para que las comunidades obtengan recursos mientras las empresa sacan los productos de las industrias extractivas. Es un círculo un poco perverso”, afirma.

3. Las demandas sobre el parque Yasuní


Parque Nacional Yasuní (Cortesía de Mongabay)

La consulta popular sobre el Yasuní sigue siendo un tema pendiente para 2020. En febrero, hace casi ya dos años, se le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible para los pueblos indígenas en aislamiento en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. Los ciudadanos contestaron afirmativamente.

El tema sigue en espera porque el decreto con que el presidente Lenín Moreno quería dar cumplimiento a la orden del pueblo tenía, en consideración de varias organizaciones sociales y ambientales, varios problemas. Uno de ellos era permitir la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento de la zona intangible dentro del parque y el segundo era que dicha ampliación se hacía sobre territorio de los indígenas waorani. El decreto está demandado y se espera una respuesta en este 2020.

Organizaciones como YasUnidos y Acción Ecológica insisten en que se realice una nueva consulta, como la que pretendían hacer antes de que el Régimen realizara la suya en 2018. Quieren preguntarles a los ecuatorianos, explícitamente, si quieren que se explote petróleo en el Yasuní o si quieren que permanezca en el subsuelo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado trámite a este mecanismo de participación ciudadana porque, según Esperanza Martínez, “quien firmó los procesos legales acaba de fallecer (Julio César Trujillo) y por eso el CNE dice que ya no hay derecho a una consulta. Nosotros argumentamos en una queja que este proceso está respaldado por más de 600 mil firmas, no solo por un abogado”, dice. Hay una demanda sobre este tema sobre la que también se espera una respuesta este año.

Además de lo anterior, hay una tercera demanda que espera por respuesta. Se denunció el presunto exceso de área deforestada dentro del parque, la cual superaría las 300 hectáreas aprobadas en la consulta, según han revelado varios informes, entre ellos el de la organización Geografía Crítica y la Defensoría del Pueblo y el del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Si bien el Gobierno debe respetar la decisión de los ecuatorianos para no exceder las 300 hectáreas deforestadas por la industria petrolera, el biólogo Santiago Ron considera que lo más grave apunta en otra dirección. “El impacto de la expansión petrolera viene después, qué va a suceder con las carreteras que se están abriendo en la actualidad. Hay un buen precedente de lo que podría suceder y es lo que pasa hoy dentro del parque con la carretera que se abrió en los años 90 para la extracción de lo producido en los bloques que están al norte y que va desde Pompeya hacia Iro. Es una vía de más de 100 km que se dijo iba a ser ecológica, que no permitiría colonización ni deforestación, pero no fue así”.

Ron está convencido de que los impactos más graves se verán a futuro y no solo estarán relacionados con la deforestación sino con el riesgo de los derrames de petróleo, “que es algo que por ahora no se puede cuantificar. Son impactos a mediano y largo plazo”, asegura.

4. Es hora de que Ecuador piense en el agua


En las zonas cercanas a las ciudades de Lago Agrio y Coca, el estado de los ríos de la cuenca del Napo es crítico, afirma Mongabay (Cortesía)

Ecuador no solo tiene el reto de ser un país megadiverso que debe conservar sus fuentes hídricas sino que tiene una gran deuda en el tratamiento de sus aguas residuales para reducir la contaminación. Ese es uno de los temas en los que la ecóloga Andrea Encalada cree que hay que trabajar.

“Es grave que no estemos hablando nada de contaminación por aguas residuales. Cómo un país que hasta hace poco se jactaba de que iba superbien en todo lo económico no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades”, dice Encalada. La capital, Quito, arroja todas sus aguas residuales al río Machángara, que desemboca en el Guayllabamba y según la experta solo 2 % de las aguas recibe tratamiento en la planta de Quitumbe. “Y es exactamente lo mismo con Guayaquil. La única ciudad que tiene planta de tratamiento es Cuenca, aunque no es la mejor”, afirma Encalada.

Al final se genera un efecto dominó, pues todas las aguas servidas de una ciudad como Quito terminan en el río Esmeraldas, del cual se abastecen miles de personas en una zona que tiene plantas potabilizadoras muy deficientes. “En Quito tenemos la suerte de traer el agua del páramo, que es de excelente calidad, y luego pasarla por excelentes plantas de potabilización, pero de ahí en adelante, el resto de la cadena es lo que está pésimo. Falta una iniciativa nacional para el cuidado de nuestros ríos”, asegura la experta.

Además del tratamiento de aguas residuales, Encalada dice que la contaminación por plástico en los ríos, que finalmente termina en el mar, es otra problemática para atender en el país. Asegura que 80 % de la basura que se encuentra ahora en los océanos proviene de los ríos.

El cambio climático y cómo está afectando los regímenes hidrológicos y de lluvias es otra preocupación. La experta en hidrología menciona que los estudios indican que en la Amazonía ecuatoriana se recibirá mucha más lluvia y que eso, indudablemente, traerá cambios importantes para la economía. “Si vemos la carretera que construyeron hace menos de cinco años, que va desde Quito a Tena y tuvo una inversión supergrande, ya está destruida por la cantidad de lluvias que recibimos en la zona, que el año pasado fue altísima. No estamos preparados y no estamos invirtiendo en entender cómo vamos a adaptarnos. Nuestra agricultura y nuestra forma de vida dependen de eso”, dice y añade que hoy se tienen proyectos que dicen “adaptación al cambio climático”, pero los gobiernos locales ni siquiera saben cómo se va a afectar su entorno, “en eso se tiene que poner mucho más esfuerzo”.

5. Consultas populares para decidir sobre territorios en Ecuador


Campaña en contra de la minería en Quimsacocha (Cortesía de Mongabay)

En marzo del 2019, Ecuador tuvo su primera consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. En el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, le dijeron no a la minería en su territorio, al proyecto Loma Larga que pretendía explotar oro en el páramo de Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador. Loma Larga estaba próxima a la etapa de explotación, ya habían finalizado la tercera fase exploratoria y solo estaban esperando por la licencia ambiental.

Sin embargo, a este tipo de iniciativas de participación ciudadana para decidir sobre las actividades extractivas en los territorios les espera un camino espinoso. Manuel Bayón de Geografía Crítica dice que el Gobierno cuestionó públicamente la decisión popular y medios nacionales como El Comercio registraron las declaraciones del entonces ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, en la que cuestionaba el resultado por las presuntas demandas internacionales que podrían llegar.

“El Estado estuvo tratando deslegitimar la consulta pero no pueden hacerlo porque cuenta con todos los procedimientos legales. Empezó como iniciativa popular, llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE), este lo autorizó y se realizó la consulta con una participación masiva. Aunque al Estado no le guste la sentencia es muy difícil que la puedan deslegitimar legalmente”, dice Bayón.

Por otra parte, Bayón recuerda que precisamente el CNE está buscando bloquear la iniciativa de consulta que se quiere hacer nuevamente sobre el parque Yasuní.

“Pese a que se ha reconocido que YasUnidos tenía las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta y pese a que hay una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social donde se indica que el CNE tiene que reparar los derechos de participación de los firmantes, ahora la entidad asegura que como falleció el primer firmante, Julio César Trujillo, entonces no se puede llevar a cabo la reparación [la consulta]”.

Otro precedente es el de Yaku Pérez, prefecto del Azuay y a quien la Corte Constitucional le archivó en septiembre de 2019 la solicitud de consulta popular para preguntarle a todos los habitantes de la provincia si quieren o no prohibir la explotación minera. Los jueces consideraron que la pregunta no era constitucional: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?

El abogado ambiental colombiano, Rodrigo Negrete, visitó Ecuador para hablar con Yaku Pérez sobre la experiencia colombiana y cómo la justicia del país había limitado este mecanismo para las actividades extractivas. Negrete espera que en Ecuador no se repita el caso de Colombia y cree que 2020 será un año crucial en este tema. (I)




Cortesia El Universo