La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado dos propuestas de reforma constitucional que verá el Pleno del Congreso a poco de finalizar la legislatura. Se trata de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la prohibición para que sentenciados en primera instancia por delitos con penas mayores de cuatro años puedan postular a cargos públicos.

Frente a la propuesta inicial del Ejecutivo, incluida en las iniciativas presentadas el año pasado, para que sea la Corte Suprema la institución encargada del levantamiento de la inmunidad parlamentaria cuando un congresista sea objeto de un proceso penal, la Comisión ha dictaminado que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Ello equivale a cambiar el levantamiento de fuero por la capacidad de juzgamiento, es decir, solo esta instancia judicial podrá ventilar los casos de los legisladores, creándose un fuero especial para ellos.

Si bien es cierto que esta modalidad representa un avance respecto de la situación actual, abre la posibilidad de que si la Corte Suprema no actúa, ninguna instancia judicial podrá juzgar o pedir el juzgamiento de los congresistas, considerando al mismo tiempo que el Congreso es el único órgano que puede acusar y procesar a los vocales de la Corte Suprema.

La segunda reforma constitucional establece que las personas con sentencia en primera instancia por delitos dolosos con penas mayores de los cuatro años no pueden postular a cargos de elección popular. De ese modo, la mayoría de la comisión ha desechado que este impedimento abarque a sentenciados por otros delitos al margen del tiempo de sanción penal, que es lo que actualmente se estila para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es el caso, por ejemplo, de algunas modalidades de delitos de corrupción, en las cuales la pena es menor de cuatro años.

El Pleno del Congreso decidirá sobre ambas cuestiones. Sobre la reforma de la inmunidad debe garantizarse que la solución que se adopte encare el problema del espíritu de cuerpo, que es el que impedía que los legisladores atiendan los pedidos de levantamiento del fuero parlamentario. Este problema no debería traducirse en un nuevo espíritu de cuerpo mutuo, de dos instituciones, el Congreso y el Poder Judicial. Y respecto a la prohibición de postular, el principio que debe primar es que la corrupción juzgada y sentenciada no alcance curules en el Congreso, sin medidas capciosas e interesadas.

Cortesia de La Republica

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