Inicio Centro America Gobierno negocia salida de APM Terminals para ser adquirida por EPQ

Gobierno negocia salida de APM Terminals para ser adquirida por EPQ

El mandatario dio a conocer la información el jueves 22 de septiembre durante su participación en el Investors Summit, realizado en la ciudad de Nueva York para impulsar al país como un destino de inversiones.

Al hablar de la infraestructura portuaria, expresó que prevén que en el 2023 el Puerto Quetzal sea un puerto inteligente, primero en su género en toda Centroamérica, el tercero o cuarto de Latinoamérica excluyendo el de Panamá.

Inmediatamente después mencionó que había un asunto legal de APM Terminals, una empresa privada, y que se necesita resolver el problema de origen, indicando que “fue un acto de corrupción que dio origen a esa transacción anómala” y que por ello decidieron negociar fuera del proceso que se ha llevado en juzgados y cortes del país.

“Decidimos acabar, no por la vía legal, porque ganamos todo, dejamos todo, nos pudimos haber quedado con el puerto, (la indemnización) por daños y perjuicios, pero la imagen del país hubiera salido perjudicada. Nos sentamos con ellos y les dijimos saben que les compramos la terminal”, agregó en su discurso Giammattei.

Lo “maravilloso”, comentó, es que no se necesitarán créditos, porque lo están comprando con los propios fondos de la Portuaria, además de que el Banco de los Trabajadores va a otorgar un crédito Back to Back para la otra mitad es un tipo de crédito que utiliza tus propios fondos como garantía.

Además, afirmó que se pagará en menos de 5 años con los recursos propios, y se tendrá el puerto más grande de Centroamérica, excluyendo a Panamá, insistió el presidente.

Horas después de la primera reunión en mención, por la noche del jueves, Giammattei participó en la conferencia de Financial Times acerca de la Reconstrucción de las economías latinoamericanas: enfoque en el mercado laboral, el comercio, la inversión extranjera y la energía sostenible, en la cual también habló del tema indicando que EPQ comprará APM.

Contrato está vigente

Gabriel Corrales, director general de APM Terminals, informó que el contrato de usufructo está vigente y que todavía hay una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC). Añade que la operación de la terminal es normal y se sigue se sigue cumpliendo los compromisos de forma adecuada con la EPQ.

El ejecutivo mencionó que los magistrados de la CC están estudiando la sentencia que tienen que emitir y que ellos “manejan sus tiempos”.  Comentó que APM Terminals tiene un plan maestro de inversión, ya que, derivado del contrato, están obligados a realizarlas. En la segunda fase, la inversión contemplaría US$60 millones, los cuales están listos para hacer obras.

Respecto al anuncio del presidente de la República expuso que “es alentadora la posición del gobierno de buscar una solución diferente a la jurídica, y de querer comprar la terminal para enviar un mensaje a los inversionistas extranjeros, en el momento en que exista una propuesta formal nos sentamos a explorar”, enfatizó.

Acerca de los factores que puedan incidir aseguró que se tendrá que concretar la transacción, además de considerar cuáles son las condiciones para empezar a valorar y avanzar, pero se necesita algo más en concreto, “porque hay declaraciones muy alentadoras que serán bien recibidas en la comunidad internacional”.

Corrales remarcó que cualquier iniciativa que se explore será un tema internacional, toda vez que esta es una compañía de origen europeo (danés y holandés), socios americanos y financiadores europeos por lo que al explorar un acuerdo con esta compañía incluye a representantes de organismos de esos países.

Investigación en curso

La vía legal para APM Terminals Quetzal S.A. no se ha despejado en su totalidad derivado a que no se han agotado todas las instancias y acciones y no existe una resolución judicial firme, tanto en la vía civil, como en la penal.

El equipo de Prensa Libre consultó al jefe de prensa del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, si existe algún caso penal vigente y respondió que “la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) tiene a su cargo la investigación” y confirmó que existe una pesquisa en curso.

Reacciones

Etapa en proceso

Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, dijo que en cuanto al proceso de APM Terminals, se tiene el conocimiento que existe una etapa de nulidad que fue otorgada por medio de un proceso contencioso-administrativo planteado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), derivado de muchas de las oposiciones por parte de los trabajadores.

En el futuro se debería de analizar qué proceso administrativo u operativo se deberá de seguir, y uno de los criterios es que la misma EPQ ejecute las labores en ese espacio físico, lo cual debió haber sido desde el principio, según el sindicalista.

Oportunidad

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) al ser consultado sobre el anuncio del presidente, expresó que es una oportunidad para Guatemala por la generación de mayor inversión portuaria y le podría dar mayor certeza jurídica a la expansión portuaria que se necesita debido al aumento de la inversión y exportaciones que está teniendo el país.

Jean Paul Brichaux, presidente de El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) dijo que no posee la información actualizada del estatus legal de ese caso, pero que, según el plan maestro de inversión de APM, debería haber efectuado su fase dos, que es otro atracadero, los patios equipo en el 2019. Sin mbargo, por la situación legal no se ha efectuado, por lo que la ocupación del puerto ya llegó a su límite arriba del 60%, y que la demanda internacional es muy alta, por lo que sí se requiere que continúe esa fase de ampliación que tenía en su plan de concepción de puerto cuando empezó operaciones.

Si no se efectúan más inversiones, cada vez se tendrá mayor congestionamiento con las demoras en la carga de exportación de contenedores, dijo el directivo y explicó que es importante que la decisión que se tome acerca de qué entidad operará la terminal, no se menoscabe el rendimiento actual que se tiene, explicó.

Movimiento de carga

Las estadísticas a julio último indican que los volúmenes de carga marítima en los puertos del Pacífico guatemalteco muestran un incremento asociado a las importaciones para fin de año.

Las cifras indican que de enero a julio último el movimiento de carga en la EPQ reporta una tasa de crecimiento del 7% respecto al mismo período del año pasado, impulsada por graneles, cemento, mercadería contenerizada y granel líquido.

En el sistema portuario nacional, EPQ es la terminal que anualmente registra mayor movimiento de carga, y hasta julio se habían movilizado 8.4 millones de toneladas métricas. En 2021 transportó 13.3 millones de toneladas.

Las negociaciones y el caso

  • En el 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, bajo la modalidad de usufructo oneroso, EPQ entrega la fracción de terreno de 348 mil 171.81 metros cuadrados a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por 25 años.
  • En abril del 2016, el expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti son sindicados, entre otras personas, de haber recibido sobornos por Q24.4 millones para adjudicar el usufructo oneroso a TCQ.
  • Ese mismo mes el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, señala que los sobornos recibidos se utilizaron para la compra de inmuebles. En septiembre Douglas Charchal renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, antes de ser enviado a prisión preventiva por el caso TCQ.
  • En septiembre del 2016 se firmó un memorando entre las partes, en el cual se acordó que APM Terminals, como accionista mayoritario de TCQ, pagará al Estado US$32.7 millones en concepto de reparación civil, además de US$10.5 millones en inversiones anuales de por lo menos US$500 mil en proyectos de desarrollo en Escuintla.
  • En noviembre del 2016 el Gobierno entregó al Congreso la iniciativa de ley para otorgar la concesión de TCQ para un periodo de 21 años, para cumplir con la parte del acuerdo a la que se había comprometido el Estado.
  • En noviembre del 2019, la CC ordenó a la Cámara Civil de la CSJ emitir una nueva resolución a un recurso de casación en el marco de la demanda de nulidad de contratos que el Estado de Guatemala planteó contra APM Terminals, S.A..
  • De forma unánime, los magistrados resolvieron el 27 de noviembre de ese año, amparar al Estado y dejar en suspenso definitivo la sentencia de la Cámara del 12 de diciembre de 2018 que estaba a favor de APM.

Con información de Sara Solórzano

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Cortesía Prensa Libre

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