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qué se aprobó y qué quedó por el camino – Noticas Uruguay

Austera. Realista. Ordenada. Esos son los adjetivos con los que diferentes legisladores de la coalición multicolor definen la Rendición de Cuentas que terminó de votarse el pasado jueves a las cuatro de la mañana en la Cámara de Senadores y que pasó nuevamente a Diputados para su sanción final.

Desde el fideicomiso para erradicar los asentamientos, que concitó casi toda la atención durante la discusión, hasta las partidas presupuestales para diferentes organismos, pasando por las iniciativas que quedaron en el camino, el tramo final del tratamiento parlamentario abre un momento de balance para la coalición de gobierno. Y el resultado al pasar raya, coinciden en los partidos del oficialismo, es positivo.

Desde la óptica del Partido Nacional, la votación del proyecto implicaba un nuevo desafío de mantener conformes a sus socios principales, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. En el partido del presidente Luis Lacalle Pou destacan que las discusiones llegaron mayormente a buen puerto, incluso más allá de las asperezas que surgieron en el debate por la reasignación de recursos del INC al fideicomiso de asentamientos, un asunto que llevó al mandatario a convocar a los senadores blancos Carlos Camy, Sergio Botana y Jorge Gandini, y también a marcarle la cancha a los socios de la coalición. 

Cabildo Abierto había marcado un perfil duro contra la propuesta. Los colorados, aun con un perfil más bajo en la discusión, también habían marcado disidencias con la idea que venía directamente de Lacalle Pou, y que había sido presentada a los líderes de cada partido de la coalición en una reunión en Suárez y Reyes.

No sin fricciones, y tras negociaciones que duraron hasta la semana anterior de la votación, se logró una alternativa que implica una triangulación de recursos para financiar la compra de tierras: la recaudación de impuestos que hasta ahora se destinaban a la compra de tierras por parte del INC ahora constituirán la garantía del fideicomiso para el plan de erradicación de asentamientos, y el Poder Ejecutivo se compromete a compensar esos recursos todo lo que sea necesario. 

Otro tema que estaba dentro de la agenda de los tres partidos pero que, sobre todo en la Cámara de Diputados, insumió una ardua negociación fue la discusión acerca de los fondos destinados a la primera infancia. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, había dicho de antemano que el proyecto suponía un «hito histórico» y que incluía un incremento «estructural» de US$ 50 millones por año en políticas para los más pequeños. La iniciativa implicaba otorgar una partida de $ 2.500 por mes a los 65.000 hogares de contexto crítico en los que viven menores de edad, a través del «Bono crianza».  Eso suponía unos US$ 46 millones al año, lo que dejaba apenas unos US$ 4 millones para destinar a los Centros CAIF, el otro gran componente del programa. 

La fórmula, sin embargo, no convencía al Partido Colorado, que pidió equiparar la balanza entre los recursos para el bono crianza y lo destinado a los CAIF y otros organismos. «La seguridad social no es repartir dinero», planteó por ejemplo el secretario general del partido, el expresidente Julio María Sanguinetti. 

El acuerdo de los diputados fue que de un total de $ 2.117 millones anuales que tendrá el programa en 2022, $ 1.237 millones serán para Desarrollo Social y $ 880 millones se repartirán entre los Centros CAIF, ASSE y la ANEP. En 2023 el reparto será a la inversa: la provisión para el Mides será de $ 807 millones, mientras que el resto de los organismos recibirán en conjunto $ 1.310 millones. 

Una vez alcanzada esa fórmula, desde el Partido Colorado destacaron como importante el logro de conseguirle mayor presupuesto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y también recursos específicos para la alimentación de los que concurren a los centros educativos de tiempo completo María Espínola, que es uno de los planes piloto de la actual administración de la ANEP, encabezada por el colorado Robert Silva. 

Por el lado de Cabildo Abierto, también se destaca el aumento de la compensación para el personal militar que está desplegado en la frontera, que recibía, según ellos, una muy baja compensación. «Como sabemos el personal militar está siempre a la orden y la compensación que se le paga por ir a la frontera es nada. Cuando van a la frontera, van por muchos días y  se alejan de la familia. No puede decir que no quiere o no puede ni tampoco conseguir otro tipo de trabajo, tipo changas», aseguró a El Observador el senador cabildante, Raúl Lozano. En la actualidad los efectivos que se desempeñan en esa tarea reciben una compensación de hasta $450 diarios.

Otra propuesta de Cabildo que fue aprobada dentro de la coalición fue el aumento de la partida presupuestal para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), presidido por la cabildante Rossana de Oliveira. De todas formas, en el partido conducido por Guido Manini Ríos entienden que los recursos podrían haber sido más abultados.  

Por el camino

Si bien a grandes rasgos prima la «conformidad» con lo acordado en la Rendición de Cuentas, no es menos cierto que hubo propuestas que no prosperaron, incluyendo algunas que seguirán dando que hablar en el Ejecutivo y en el Parlamento.

Uno de ellos tuvo que ver con los aspectos vinculados a la ley de medios. Cuando el proyecto llegó al Parlamento, tanto desde el Partido Colorado como desde Cabildo Abierto plantearon avanzar en algunas disposiciones que estaban discutiéndose en la comisión de Industrias, pero finalmente no hubo acuerdo. 

El principal debate tenía como centro la propuesta de Cabildo Abierto de otorgarle a los cableoperadores del interior del país la posibilidad de ofrecer paquetes de datos de Internet, un reclamo de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados.

El asunto quedó por el camino dado que el gobierno planteaba como condición que también se incluyera en la habilitación a los cables de Montevideo, y Cabildo Abierto pidió tiempo para estudiar sus consecuencias. 

El partido de Manini Ríos también pretendía un cambio en el régimen de zonas francas y que no se permitiera la autorización de nuevas instalaciones sin autorización del Senado, algo que tampoco tuvo aprobación en la coalición multicolor.

Tras esta rendición aprobada, en el gobierno son conscientes de que hay desafíos para la próxima de 2022. El presupuesto del Poder Judicial, el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública de aumentar su presupuesto debido a que la mayoría de sus funcionarios trabajan como pases en comisión, así como una dotación de mayor dinero a la educación, son algunos de los temas que quedan en carpeta. En la coalición saben, desde ya, que una nueva rendición traerá nuevas discusiones.



El Observador

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