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Ola de asesinatos en Los Ríos: Policía se queja de frecuentes cambios de fiscales cuando hay cien crímenes sin resolver | Seguridad | Noticias

“Los casos vuelven prácticamente a cero cuando ingresa un nuevo fiscal», se queja el jefe de la Dinased. Las muertes violentas han aumentado este año.

La demora en los procesos judiciales de los sospechosos capturados y la inestabilidad de los fiscales en sus puestos de trabajo no permite que se agilicen las investigaciones de una ola creciente de asesinatos en la provincia de Los Ríos, se quejan los altos mandos de la Policía en esta jurisdicción, que atribuyen los crímenes selectivos al microtráfico.

“Los casos vuelven prácticamente a cero cuando ingresa un nuevo fiscal, solo en este año hemos tenido cuatro fiscales de garantías constitucionales y así se retrasan las investigaciones”, dice Mario Tobar, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Subzona de Policía en Los Ríos.

“La gente debe preguntar a la Fiscalía qué se está haciendo en torno a las sanciones de los sospechosos capturados en flagrancia, ya que algunos han recuperado su libertad y los hechos violentos no cesan”, complementa el jefe de la Subzona 12, William Martínez.

No solo no paran, aumentan. Los 145 asesinatos registrados hasta ahora representan 65 más que los 80 que se cometieron en el 2020 en esta provincia, según cifras de la Policía.

Del total de asesinatos de este año en Los Ríos, solo 45 han concluido a nivel judicial; es decir, todavía hay un centenar de muertes violentas sin resolver en la cuarta provincia más poblada del país, donde Quevedo es el cantón más afectado por este delito, con 61 crímenes.

Los últimos hechos violentos en esta urbe fluminense se suscitaron la madrugada del sábado, 6 de noviembre, en el sector Playa Grande de la parroquia Nicolás Infante Díaz.

Fueron cinco las víctimas mortales que dejó un ataque armado perpetrado por doce hombres, quienes irrumpieron en el velatorio de un hombre que dos días antes había sido asesinado a tiros mientras trabajaba en un paso a desnivel que se construye en el sector El Atascoso, en Quevedo.

La Policía atribuye el crimen contra el obrero y los parientes de este que murieron en su velatorio dos días después a una guerra de bandas por el microtráfico de drogas que se libra en las calles, pero también en las cárceles del país.

Cuando Criminalística revisaba el cadáver de Javier Goya Mesías, asesinado en su primer día de trabajo, le hallaron un arma de fuego con sus respectivos cartuchos guardada en una de sus botas.

Javier tenía pocos días de haber salido de la cárcel. Los hombres que irrumpieron en su velatorio, usaron armas de largo alcance, tipo fusil, y granadas de mano.

Los disparos y las explosiones, que empezaron cerca de la 01:30 de la madrugada del sábado, causaron daños en las viviendas ubicadas entre las calles Las Acacias y Novena. Varios propietarios de los inmuebles indicaron que en su barrio parecía que se vivía una verdadera guerra.

Cinco muertos y varios heridos fue el saldo de un ataque con fusil y granada en sitio donde se realizaba un velatorio, en Quevedo. Foto: Katty Loor

“El ruido de los explosivos y las balas nos despertaron, cuando escuchamos que los casquillos y las balas perforaban las paredes y los techos de las casas, lo que hicimos fue sacar a los niños de las camas y escondernos debajo de ella, hasta que todo se calme”, dijo una habitante del sector. El tiroteo duró cerca de 15 minutos, pero la zozobra persiste hasta ahora. No hay detenidos.

Para Martha Hualpa, psiquiatra de profesión, la ola de violencia que actualmente se vive en el país altera la salud mental de las personas, generando desde la depresión hasta trastornos de estrés.

“La actitud paranoide de las personas es común en estos tiempos, todo gira en torno a los índices de violencia, la gente expresa que ya no se siente segura ni en sus propias casas, el impacto es negativo”, dice la profesional.

La paranoia se alimenta por los hechos violentos en seguidilla. El 2 de noviembre, cuando los fluminenses celebraban el Día de los Difuntos, ocurrió una balacera dentro de un cementerio privado. Un hombre llegó hasta allí persiguiendo a otro, que escapó herido. Y al día siguiente, en menos de 24 horas, seis personas fueron asesinadas en Quevedo.

El comandante de la Zona Especial de Los Ríos, Renato Cevallos, sostiene que mientras los hechos violentos generados en Los Ríos, sobre todo en Quevedo, tienen relación con el microtráfico, en Babahoyo, la capital provincial, la Policía tiene otro frente que atender: las extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones, desde llamadas originadas en las cárceles se amedrenta a comerciantes. Aunque en la Fiscalía de Babahoyo apenas se han denunciado seis casos, las amenazas son muchas más, pero se callan por temor.

El sociólogo Jorge Aranda dice que cuando la sociedad civil empieza a darse cuenta de que los sospechosos de un delito no reciben la sanción judicial correspondiente, esta deja de creer en la fuerza pública o en ocasiones quiere tomar justicia por mano propia, lo que es un error.

“Responder a la violencia con más violencia es lo peor que le puede pasar a la sociedad. No es competencia de la ciudadanía autoprotegerse de los delitos, son las autoridades pertinentes las que deben garantizar la integridad de la población”, dice Aranda.

Este sociólogo lamenta que Ecuador, según su observación, no tenga una política pública integral de seguridad en la que se establezca la participación de todos los niveles de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, desde el Estado central hasta los seccionales.

“La responsabilidad de la seguridad no es solo de la Asamblea Nacional, con reformas al Código Penal o la Ley de Movilidad, es un tema de competencias claras a las fuerzas públicas”, sostiene Aranda.

Pero la Policía aclara que su trabajo llega hasta la captura de los sospechosos. De ellos no depende que salgan libres o queden impunes.

“La policía utiliza toda la capacidad tecnológica y humana para otorgar las pruebas necesarias a la Fiscalía para que realice las investigaciones pertinentes”, dice el comandante Cevallos, que también observa un supuesto lento accionar del ministerio público. (I)

El Universo

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