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mitos sobre los testigos protegidos y cómo los cuida el Estado – Noticias Uruguay

Otra casa. Otra ropa. Incluso, quizás, otro departamento u otro país. El momento cinematográfico de escapar del peligro y empezar una vida nueva. Desde diciembre de 2017 al cierre de 2020, 316 personas pasaron por el Programa de Protección Especial de Personas Víctimas o Testigos de Delitos de la Fiscalía General de la Nación. Casos de narcotráfico, homicidios complejos, trata de personas para explotación sexual o laboral y la usurpación de terrenos son los más comunes. 

El programa está bajo la órbita de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y consta de varias etapas. Una vez que el fiscal del caso le comunica a la unidad que tiene una víctima o testigo que merece ser parte del programa, realizan una evaluación en la que entrevistan a la persona y a integrantes de su entorno. El tiempo generalmente apremia, entonces en menos de 24 horas suelen tomar medidas preliminares. 

Dentro del programa, el monitoreo es diario y los testigos o víctimas tienen un teléfono de guardia al que siempre pueden contactarse por dudas o auxilio. Las medidas de protección varían según el riesgo que se presente: reubicaciones temporales o permanentes, custodia en puerta o encubierta. Este tipo de testigos o víctimas declaran en los juicios de manera remota y con la identidad reservada para el resto de los presentes. 

Según el informe al que accedió El Observador, en el 75% de los casos hubo reubicaciones. La mayoría ocurrió dentro de Montevideo y el área metropolitana. En tres años hubo cuatro personas que debieron ser trasladadas a otro departamento por motivos de seguridad. 

También hubo casos en los que el peligro era tal que las personas debieron refugiarse en otros países. En esos casos, se realiza un seguimiento desde Uruguay e interviene el Sistema de Cooperación Internacional de la Fiscalía y la Cancillería si fueran necesario repatriaciones.  Por otra parte, en tres años de funcionamiento, hubo 13 víctimas o testigos extranjeros. Cinco de ellos volvieron a su país de residencia casi inmediatamente y otros siete lo hicieron dos días después de prestar declaración. El restante aún permanece dentro del programa.

Mitos

– Hasta el momento, no fue necesario cambiar la identidad a ningún testigo. 

– A diferencia de otros países, en Uruguay el programa no trabaja con “colaboradores”, figura prevista en el artículo 63 de la ley contra el lavado de activos, a partir de la cual quienes se acogen a ella pueden ser eximidos de parte de su pena si colaboran con información.  En Argentina, por ejemplo, Leonardo Fariña, el primer arrepentido en la causa de la Ruta del Dinero K, formó parte del programa de testigos protegidos de ese país hasta que él decidió renunciar en 2019. La protección era a cambio de información que aportó a la causa. En Uruguay no hubiera existido esta posibilidad.

No existen sedes ni centros para testigos protegidos. Todos son reubicados individualmente y sin conocimiento de dónde están otros testigos. 

– En 2020 hubo solamente 47 testigos y víctimas protegidas, el resto fueron testigos o víctimas que declararon con su identidad reservada, pero esas no son parte del programa.

Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, resaltó en diálogo con El Observador el acompañamiento en el proceso, no solo por la seguridad física del usuario del programa sino también por el aspecto psicológico. “El miedo, tanto real como subjetivo, puede hacer que la persona se arrepienta de declarar”, explicó. 

Para abordar todos los aspectos se formó el Comité de Evaluación del Riesgo del que forma parte la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el oficial del caso y la Unidad de Víctimas. En la unidad trabajan 27 técnicos y si bien hay un grupo reducido que se dedica específicamente a esta tarea, todos los que están en territorio pueden hacerlo. 

El ingreso al programa está supeditado a condiciones y muchos no están dispuestos a cumplirlas: salir de todas las redes sociales, no usar el celular y  no volver al lugar de los hechos o a la casa en la que vive el testigo protegido son algunos de los básicos. 

El perfil de los usuarios es variado. La proporción de hombres y mujeres es igual, aunque ocurren diferencias según el tipo de delitos. Especialmente, en lo que respecta al delito de trata. En los casos cuyo objetivo es la explotación sexual, la mayoría son mujeres. Aquellos en los que el fin es la explotación laboral, el resultado es inverso. 

El costo de los testigos protegidos no está estimado, pero se divide entre distintas reparticiones del Estado. Los gastos de seguridad física los afronta el Ministerio del Interior, los de vivienda el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y los de salud, si hubiera, Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Los gastos del proceso de seguimiento están a cargo de la Unidad de Víctimas y Testigos y los gastos transitorios de alimentación, higiene y hospedaje transitorio los asume la Fiscalía aunque, en ocasiones, es compartido con Interior. 

Entre 2017 y 2020 el programa atendió a 316 personas. En los últimos dos meses del primer año fueron 70. En 2018 el número ascendió a 145 y en 2019 cayó a 54. Durante el 2020 se protegió a 47 personas. 

La gran mayoría de las personas protegidas deben ser resguardadas por casos ocurridos en la capital del país. Tan solo 14 (en los tres años de funcionamiento) debieron ser atendidas por delitos cometidos en el interior. 

¿Cómo surgió?

El plan se puso en marcha a fines de 2017, cuando las autoridades advirtieron que había testigos que querían declarar por el caso de las usurpaciones en Casavalle, pero temían por su vida.  Algunos se animaban a comentar que habían tenido que abandonar su casa de apuro, bajo amenaza de muerte de parte de un clan familiar que se hacía conocer como Los Chingas. En el lapso de un año había dejado a 110 personas sin hogar. Por ese caso, el programa atendió a 70 personas entre noviembre y diciembre y en 2018 a 145.  

A octubre de 2018, 38 núcleos familiares habían sido realojados por el Estado. Algunos recibieron un subsidio de alquiler, otros una canasta de materiales para que puedan construir su propia vivienda al tiempo que algunos recibieron una vivienda a préstamo durante el período que se considerara necesario, según el caso. 

El Código del Proceso Penal, que entró en vigencia ese año, establece que la Fiscalía tiene el deber de proteger y velar por las víctimas y los testigos. Durante el primer mes y medio de aplicación del código varios fiscales manifestaron que en ocasiones no era suficiente ocultar la identidad de quienes declaraban, sino que además había que ofrecer otro tipo de medidas de protección. A raíz de ese caso se creó el Programa de Protección Especial de Personas Víctimas o Testigos de Delitos. 

En 2020 se formalizó el protocolo de toma de declaración que utilizaron desde entonces. 

¿Qué ocurría antes? Con el código vigente hasta el 31 de octubre del 2017, la protección de testigos estaba definida en la ley 18.494 de lavado de activos (vigente desde 2009), y aunque indicaba la posibilidad de fijar una custodia policial para la víctima, testigo o colaborador de un caso, su reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad, su aplicación quedaba restringida a los Juzgados de Crimen Organizado. No era frecuente que se aplicara en la investigación de homicidios, o extorsiones, como las que aplicaban Los Chingas, que se llevaban en los juzgados penales tradicionales. 



El Observador

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