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entre la necesidad de «transparencia» y el riesgo de «sindicatos amarillos» – Noticas Uruguay

El PIT-CNT celebrará a principios de noviembre un nuevo Congreso Nacional Ordinario en el que, entre otros aspectos, definirá su nueva conducción. Lo hará mediante un engorroso mecanismo que varía en función de los grados de acuerdo entre los dirigentes. Un mecanismo que, según la cúpula sindical, caería “como un castillo de naipes” si el Parlamento aprobara sin modificaciones el proyecto de ley que en agosto ingresó en el mes de agosto a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y que obliga a organizaciones de trabajadores y empleadores a contar con personería jurídica. 

La advertencia corrió por cuenta del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en su comparecencia ante la comisión el pasado 6 de octubre, cuando los representantes sindicales dieron sus opiniones sobre el proyecto.

Según Abdala, la regulación–que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, representa una “injerencia ilegal” en la vida orgánica de los sindicatos y que, además, pondría a Uruguay “al borde de la legalidad” debido a convenios internacionales previamente firmados. 

La central se pronunció en forma crítica sobre la iniciativa del gobierno, al subrayar que “cruza una raya” respecto de la autonomía, la independencia y la autarquía que rigen la organización del movimiento sindical.

Si bien desde el gobierno se resalta que se consultó a los involucrados en el proceso de redacción del proyecto, Abdala dijo que la iniciativa se desarrolla en un  “contexto de estigmatización” y de una “prédica antisindical” que a veces cuestiona derechos como el uso de la licencia sindical. La advertencia del secretario general refirió por ejemplo a los dardos hacia la actuación de algunos dirigentes de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), hoy motivo de discusión en una comisión investigadora de Diputados. 

Entre los principales reparos planteados por el PIT-CNT está la redacción del artículo 2 del proyecto. Si bien la obtención de la personería jurídica es facultativa, allí se indica que la inscripción en el registro deberá estar precedida de la presentación de los estatutos de la organización que “hayan sido adoptados por asamblea”. A juicio de la central sindical, el texto no define con claridad el concepto de “asamblea”, y deja en duda si ese término abarcaría por ejemplo el de “congreso”, que en la práctica es el ámbito en el que tanto el PIT-CNT como muchos sindicatos toman sus decisiones y definen sus lineamientos. 

Abdala dijo ante la comisión que, bajo esas características, sería “recontra fácil” para un empleador armar un “sindicato amarillo” para colaborar en la defensa de sus intereses y poner en jaque la representatividad sindical. 

Por otra parte, el PIT-CNT apunta también al artículo 7, considerado unánimemente como el “corazón” del proyecto. Allí se establece que las organizaciones que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de la personería o incumplan algunos de los aspectos de la regulación “no tendrán derecho a que se retenga en su favor la cuota sindical”. Al respecto, Abdala recordó que en Uruguay no existe afiliación obligatoria y que no es necesario el aval del empleador para desarrollar un sindicato, una actividad en la que sigue habiendo dificultades. “Todavía tenemos gente que cotiza por su cuenta, fuera de la empresa, casi en forma clandestina para que no se produzcan fenómenos de persecución sindical”, señaló. “Entonces, creemos que se está atravesando un límite sobre la independencia, la autonomía y la autarquía de la organización sindical”. Aprobar esa disposición, insistió, sería “pasar una raya”. 

El proyecto reúne algunas características de una iniciativa similar presentada en su momento por Cabildo Abierto pero no incluye la obligación de que las autoridades de los sindicatos sean electas específicamente por voto secreto, como pretendía inicialmente el partido liderado por Guido Manini Ríos.

El secretario ejecutivo del PIT-CNT, Federico Barrios, advirtió sobre los riesgos de modificar el sistema de elección que tienen los sindicatos, algo que a su juicio puede resultar “nefasto”. “Si tenemos en cuenta a todos los dirigentes que se tiran a las elecciones, no tenemos posibilidades económicas para hacer campañas electorales”, señaló. “La campaña electoral nuestra es todos los días, en la fábrica. Imaginen si cada dirigente tuviese que recorrer todas las fábricas del país. Uruguay dejaría de ser productivo, ya que no habría empresa que funcionara”, agregó. 

La posición del ministerio

Desde el Ministerio de Trabajo apelaron a la Constitución para defender el proyecto, en particular al artículo 57, que expresa que se “promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica”.

El ministro Pablo Mieres justificó en el Parlamento la iniciativa al advertir sobre un problema en ciernes. “Cuando no hay personería jurídica, se corre el riesgo de que los ingresos por cuotas sindicales entren a cuentas personales de los dirigentes, de quienes uno podrá tener la mejor opinión”, dijo. “No hubo casos graves, pero puede pasar que mañana un dirigente con una cuenta a su nombre fallezca. En este caso, tendríamos un problema sucesorio de primer orden”, argumentó. 

El subsecretario Mario Arizti agregó que pasar a tener personería jurídica permitirá a los sindicatos convertirse en sujetos de derecho, transparentar su funcionamiento, y realizar a nombre propio contratos, compra de bienes, arriendos o solicitudes de préstamos. Para Arizti, lo más importante es dar garantía a todos los afiliados en la administración de las finanzas de su organización. Según el proyecto, el registro será necesario además para tener derecho a recibir información en los procesos de negociación colectiva.



El Observador

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