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Defensor del Pueblo (e): ‘Si las instituciones no cumplen su rol, otra matanza (en las cárceles) está a la vuelta de la esquina’ | Seguridad | Noticias

El defensor del Pueblo (e), César Córdova, dijo que la entidad ha emitido recomendaciones, pero no se han atendido. Sugiere que el SNAI desconcentre funciones.

El 10 de noviembre, el directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social aprobó la conformación de una Comisión de Intervención Emergente en los centros de privación de libertad, la cual estaría presidida por la Defensoría del Pueblo. Una de las funciones que debería desempeñar la Defensoría sería emitir políticas públicas, según indicó la Secretaría de Derechos Humanos a este Diario.

Sin embargo, el defensor del Pueblo (e), César Córdova, aclara que esta intención legalmente no es factible, ya que va en contra de la razón de ser de la Defensoría. El funcionario señala que se han dado alertas sobre la situación en las cárceles, pero no han sido atendidas.

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¿Cuál va a ser el rol de la Defensoría en la Comisión de Intervención, debe emitir políticas para atender la crisis carcelaria?

El rol constitucional de la Defensoría es ser el órgano tutelar de los derechos humanos, vigilar el cumplimiento. La entidad que dicta política pública es la Secretaría de Derechos Humanos y el órgano ejecutor es el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). Los que acompañan al SNAI, como ejecutores, son los diversos ministerios.

Es imposible, jurídica, constitucional y legalmente unir y poner en una misma canasta a los ejecutores, los que dictan política pública y los que vigilan. (Se) desnaturaliza la función de la Defensoría del Pueblo.

No podemos mezclar, pero sí podemos, en forma coordinada, coadyuvar para que la Defensoría del Pueblo pueda incidir en la creación de política pública mediante implementación de recomendaciones, protocolos que tienen los diversos institutos internacionales sobre derechos humanos. Ya venimos con esta incidencia y con alertas oportunas comunicadas a la Presidencia (de la República). Hasta ahí llega nuestro rol. No podemos ir más allá, porque la Defensoría sería objeto de observación por parte de la Asamblea, por arrogación de funciones que no le competen.

Entonces, ¿en qué va a quedar la Comisión; qué se va a poder hacer?

Propongo que este mecanismo sea bicéfalo. Por un lado tenemos que poner a todos los que ejecutan la política pública: SNAI, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, INEC. Tienen que declararse en emergencia cada una de estas entidades, en el cumplimiento de sus funciones.

La Corte de Justicia tiene que, a través de los jueces de garantías penitenciarias, empezar a hacer más ágilmente el otorgar los beneficios penitenciarios a aquellas personas que realmente se lo merezcan. El Consejo de la Judicatura debe implementar y poner en conocimiento de los operadores de la justicia cuál es el concepto de la prisión preventiva, como última ratio… parece que se olvidaron. Parte de quienes fueron asesinados (en la Penitenciaría del Litoral) estaban con prisión preventiva; es decir, la culpabilidad sobre el delito que se les imputaba no había sido demostrada; ellos gozaban del principio de inocencia. Además, el SNAI debe desconcentrar sus funciones, todo tienen en Quito. Todo esto fue recomendado antes, no es de ahora.

¿Qué entidades integrarían la otra parte de esa comisión bicéfala?

En la otra parte intervendrían la Secretaría de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Iglesia evangélica, la Cruz Roja Internacional, la ONU a través del Subcomité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se deben activar mecanismos que lleven a un proceso de pacificación. No es un proceso de negociación. La paz no se negocia, es un proceso de mediación. El objetivo es desarmar a los grupos (criminales) y llegar a procesos de conciliación.

¿Esta propuesta ya se oficializó a la Presidencia?

Ya se lanzó un primer informe, el 13 de noviembre. Presentaré otro. Este proyecto tiene que ser lanzado. No es que el Gobierno no tenga un norte, sí lo tiene. Hemos presentado las posibles alternativas de solución al organismo técnico. Esto se replicó en la Asamblea Nacional cuando la Comisión de Soberanía llamó a las entidades a que expliquemos qué se ha hecho. Presentamos nuestra propuesta. La Asamblea emitió un informe sobre este tema y, coincidencialmente, vamos al unísono. Por último, nos llegó el séptimo informe periódico de Ecuador con las observaciones finales que emite el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas; ese informe es similar al que hemos presentado.

¿Si ya se han hecho recomendaciones por qué no hay avances y resultados?

Yo leo su mente y usted lea la mía. No necesito saber quién es aquí un culpable. No necesitamos buscar nombres y apellidos, porque lo tenemos, lo sabemos. Esto es decisión política de cada institución, que cumplan con el rol que tienen que cumplir. Si no cumple cada institución su rol constitucional y legal encomendado… ¡Por Dios, vamos a tener en diciembre otra matanza! Y digo diciembre como fecha muy lejana. Yo pienso que otra matanza está a la vuelta de la esquina. Están lanzadas las alertas.

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¿En qué medida pueden abonar los anuncios hechos por el presidente Guillermo Lasso?

Me gustan los siete puntos que anunció el presidente, de los cuales veo que comparte conmigo el exhorto que hice días atrás, porque parece que estamos pensando sobre soluciones. La solución en la Penitenciaría no es para ahora, tiene que ser a futuro. Las soluciones han sido dadas (por la Defensoría): realizar un censo penitenciario, prisión preventiva como última ratio, reducir el hacinamiento carcelario. Las soluciones están puestas, por favor, tomemos esas herramientas, apliquemos.

¿La Defensoría ha tenido acceso al listado de los internos que fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral?

En Twitter tuvimos que sacar (un mensaje), el 14 de noviembre, (y) pedirle al SNAI (el listado), pero desgraciadamente no tenemos. Supongo que están bastante ocupados.

¿Les han dado razones de por qué no les proporcionan esa información?

Desgraciadamente, no. Se hizo la petición verbal por parte del delegado de la Defensoría del Pueblo en Guayas. Él estuvo allí (en la Penitenciaría). Estuvimos en la morgue, en la Fiscalía. Solicitamos a gente del SNAI, (pero nos dijeron) que ya nos van a dar.

¿Qué ha hecho la Defensoría con los familiares de las víctimas?

Nos unimos con la Secretaría de Derechos Humanos porque ellos tienen la capacidad, con psicólogos, ayuda. Como Defensoría estamos presentes, en todos estos lados, viendo que se cumpla con los DD. HH. en la Fiscalía, en la morgue, en la Penitenciaría… Que no haya una revictimización de los familiares. Hacemos un acompañamiento y asesoramiento en derechos humanos. Hemos pedido a la Universidad de Guayaquil que nos ayuden con psicólogos. Por más que queramos, no tenemos presupuesto, no tenemos profesionales psicólogos, no tenemos personal suficiente. Nuestro presupuesto fue recortado cada año, del 5 al 10 %. Con lo poco que tenemos asistimos, para asesorar a estas personas que están pasando momentos duros. (I)

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