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Audiencia contra Jisdonian por trabajo en negro terminó sin conciliación – Noticas Uruguay

Este viernes a las 11:30 de la mañana tuvo lugar la audiencia de conciliación entre el diputado nacionalista Pedro Jisdonian y Amelia Ramos, la mujer que lo denunció en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por haber hecho trabajos en negro. El legislador no asistió sino que estuvo representado por su abogado, Julio Pereyra. 

Rechazado el acuerdo de confidencialidad a cambio de $ 300 mil que había ofrecido Jisdonian, la audiencia concluyó sin conciliación, por lo que a partir de esto quedó abierta la vía judicial, que implica una demanda en un juzgado laboral. 

Según consta en la solicitud de audiencia en el MTSS a la que accedió El Observador, Ramos argumenta que trabajó como diseñadora gráfica y coordinadora en el equipo de Jisdonian, pero nunca fue inscrita en el Banco de Previsión Social (BPS) ni cobró de la manera que corresponde por ley. El ofrecimiento del diputado para resolver las diferencias con dinero por fuera del MTSS tenía como contrapartida un acuerdo de confidencialidad.

El diputado y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo dijo a Montevideo Portal que la denuncia de Ramos «no tiene ni pies ni cabeza» y está planteado con «términos totalmente alejados de la realidad». “En ningún momento firmé nada, eran conversaciones y en ningún momento esta persona tuvo una relación de dependencia conmigo. Hizo dos o tres cosas como militante y en esa línea fue su trabajo como diseñadora, en forma de voluntariado”, expuso. 

En diálogo con El Observador, su abogado, Julio Pereyra, había dicho que Ramos había hecho «tres o cuatro trabajos» y «con el fin de ayudarla» Jisdonian «le daba» dinero. Reconoció que era una suerte de trabajadora «freelance», pero que no había ninguna factura

“La habíamos ayudado muchísimo en un montón de cosas. No hay nada que esconder», rebatió el diputado quien aseguró que Ramos había hecho «dos o tres flyers y un video» y agregó que «saltó con un reclamo desaforado». 

«Reclama que trabajó durante un período que no fue. Nosotros tenemos la factura de las personas que están haciendo su trabajo, las vamos a presentar como corresponde”, insistió el legislador. 

Consultado sobre el ofrecimiento de los $ 300 mil, explicó que «eso lo hablaron los abogados en una conversación extrajudicial, previo al juicio». «Estaban intercambiando verbalmente, no hubo una firma, sino que se intercambiaron borradores y no se firmó nada”, sostuvo. Su abogado había dicho que «fue a raíz de diferentes posiciones jurisprudenciales que hay con respecto al trabajo de voluntariado» y creyeron que «era algo razonable». «Sin perjuicio de que nosotros tenemos la convicción de que no había relación laboral y que es trabajo voluntariado», indicó.

En la demanda, Ramos reclama $ 60 mil por concepto de despido común, $ 180 mil por despido abusivo, $ 300 mil por diferencias de salarios, $ 40 mil por aguinaldo, $ 26.666 por licencia y $ 67.332 por la multa correspondiente por el artículo 29 de la ley 18.572 de la ley de abreviaciones de juicios laborales.

Me parece que lo que hay es una profunda mala fe, con la intención de generar un perjuicio. Será la Justicia la que determine. Tenemos un montón de documentación y pruebas para fundamentar que no había una relación de dependencia”, manifestó el legislador.



El Observador

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