FILADELFIA, Pensilvania, EE.UU. (AP) — En años recientes, ha habido decenas de ejemplos de policías en Estados Unidos con varias denuncias en su contra por abuso de fuerza, acoso y otro tipo de conductas inapropiadas antes de fueran acusados formalmente de matar a alguien mientras estaban en servicio. Sin embargo, la ciudadanía no lo supo sino hasta que las víctimas murieron.

El propio agente Derek Chuavin, en el candelero por haber usado su rodilla para presionar el cuello de George Floyd contra el suelo, tenía más de una decena de denuncias de mala conducta en su contra antes de que se desatara el escándalo por el deceso del hombre negro.

Daniel Pantaleo, el policía de la ciudad de Nueva York quien sujetó por el cuello a Eric Garner hasta matarlo, tenía ocho. Ryan Pownall, un policía de Filadelfia que se enfrenta cargos por homicidio en la muerte a disparos de David Jones, acumuló 15 a lo largo de cinco años, pero la gente no conoció esta información sino hasta la muerte de las víctimas.

Las denuncias ciudadanas contra la policía en Estados Unidos se mantienen en gran parte ocultas, ya sea bajo ley o contrato sindical: una práctica que algunos expertos en justicia penal dicen que priva a la gente de información que podría utilizarse para eliminar el problema de raíz de los agentes antes de que sea demasiado tarde.

La confidencialidad “complica mucho que el público sepa con quién está lidiando y saber mejor si su departamento o cualquier agente en particular es uno que querrían en las calles”, comentó David Harris, profesor de leyes de la Universidad de Pittsburgh y que estudia el comportamiento policial.

Mientras Estados Unidos analiza formas para reformar a los cuerpos policiales estadounidenses tras las protestas, algunas de ellas violentas, que surgieron a nivel nacional después de la muerte de Floyd en Minneapolis, los datos de las denuncias son una forma de monitorear y corregir a los agentes problemáticos y probablemente evitar eventos de brutalidad más graves.

Tanto una propuesta de ley demócrata como una republicana en el Congreso harían públicos los registros disciplinarios de los agentes y crearían una base de datos nacional de acusaciones: un cambio en la voluntad política que no existía hace pocos años.

Los defensores de la policía argumentan que retener acusaciones es necesario para proteger la privacidad de los agentes y mantenerlos seguros. Los sindicatos policiales han luchado a favor de la confidencialidad en negociaciones contractuales y legislaturas estatales. En algunos casos, los registros son eliminados sólo dos años después.

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Long reportó desde Lowell, Indiana. El periodista de Associated Press Jacques Billeaud en Phoenix contribuyó a este despacho.

Cortesia AP

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