El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, emitió once órdenes de detención y congelación de bienes contra aliados del autoproclamado «presidente interino», Juan Guaidó, por el «despojo» del oro del Banco Central de Venezuela (BCV) depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había solicitado previamente la apertura de una investigación penal contra los implicados en el «robo» del oro.

Así, entre los reclamados, destaca el ‘embajador’ designado por Guaidó para Estados Unidos, Carlos Vecchio, junto a Vanesa Neuman y Julio Andrés Borges, otros «falsos representantes» de Venezuela en el exterior.

Asimismo, se ordenó detener a las cinco personas «que han pretendido usurpar las funciones de la Junta Directiva del BCV» –Ricardo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesía, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suares– y a los «falsos funcionarios» de la Oficina del Procurador Especial –José Ignacio Hernández, Irene de Lourdes y Geraldine Afiuni–, «que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio», según Saab.

«A todos estos criminales, que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras y se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina y que, además, se han enriquecido agrediendo al país se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir», agregó.

En referencia al fallo del Tribunal Superior de Reino Unido que concede el control sobre los lingotes a la junta directiva ‘ad hoc’ del BCV designada por Guaidó en lugar de a la cúpula ‘chavista’ del Banco Central, Saab ha criticado que «se quiere entregar nuestras riquezas a potencias extranjeras, en lugar de emplearse en la compra de medicinas y alimentos necesarios para el país».

«Esta decisión no es judicial, sino política. El juez, como él mismo lo confiesa en el fallo, se sometió a la postura política del gobierno británico que, entregado como está a la política exterior de Estados Unidos, reconoció al supuesto presidente interino», ha remachado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró en un programa de televisión que el Gobierno «peleará por todas las vías legales, apegados al Derecho Internacional, para que esos recursos (el oro) vuelvan a las arcas» del país e «invertirlos en la vida del pueblo venezolano».

«Es un robo», ha zanjado, insistiendo en que esos recursos iban a utilizarse para «la compra de equipos e insumos médicos necesarios para enfrentar la COVID-19».

La cuestión del reconocimiento fue determinante para el Tribunal Superior, que valoró que Reino Unido ha reconocido «inequívocamente» a Guaidó como mandatario legítimo de la nación caribeña.

Maduro asegura que quiere usar ese oro para comprar los insumos necesarios para combatir la crisis generada por la pandemia de coronavirus, si bien Guaidó avisa de que «solo fomentará aún más la corrupción».



Cortesia El Nuevo Siglo

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